Hay múltiples lecturas del resultado de las elecciones de este pasado domingo en Castilla y León en función del interés de quien elabora el argumento, pero lo que pocos pueden discutir es que la situación política en cuanto a la gobernabilidad de la región sigue siendo la misma que antes de que se adelantara la cita con las urnas. El PP ha ganado las elecciones, pero necesita el apoyo de Vox para gobernar, mientras que el PSOE sigue siendo una fuerza estéril que no puede formar acuerdos de Gobierno ni siquiera reproduciendo el esquema sanchista de pactar con todo el mundo. O sea, todo sigue igual.
Las discusiones sobre quién ha tenido el mejor resultado son entrañables porque forman parte de la tradición del día después del recuento, pero son batallas dialécticas que solo interesan a los partidos. A los ciudadanos, hayan votado o no, lo que les interesa es saber en qué va a mejorar (o empeorar) su vida con el nuevo Gobierno salido de las urnas, para lo cual sería conveniente que las negociaciones entre PP y Vox, los únicos con posibilidades de formar coalición, no se convirtieran en rifirrafes interminables en los medios de comunicación, que solo conducen a dilaciones continuas para desesperación de todos.
Santiago Abascal ha dicho que su partido va a entrar en los nuevos gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, lo que está muy bien. Los resultados de su partido en los tres territorios ameritan sobradamente formar parte de las estructuras de poder regional y eso implica contar con cargos en el legislativo, formando parte de la presidencia de las cámaras, y en el Ejecutivo, integrándose en los Consejos de Gobierno de las tres Comunidades Autónomas. Las negociaciones deberían ser fluidas y los pactos lo suficientemente satisfactorios para afrontar la investidura de los tres candidatos populares sin ningún tropiezo —salvo que María Guardiola se empeñe en lo contrario, como ya ha hecho alguna vez—.
Pero lo sustancial a estos efectos es saber si Vox entra en los gobiernos autonómicos con vocación de gestionar carteras importantes durante toda la legislatura o, como ocurrió en la anterior, saldrán de nuevo de estampida cuando Santiago Abascal decida que le interesa romper lazos con el PP. En 2024 hicieron precisamente eso para estupor de sus votantes, que creyeron sinceramente que Vox quería gobernar para cambiar las políticas socialdemócratas de los populares. De un día para otro, la dirección nacional ordenó a todos sus consejeros dimitir y pasar a la oposición, una decisión respetable aunque nunca se terminó de explicar bien.
Ahora Vox dice lo mismo que en 2023 y exige entrar nuevamente en los gobiernos, pero las dudas sobre la sinceridad de la propuesta y la lealtad futura de los consejeros de Vox están plenamente justificadas, a tenor de lo que ocurrió la otra vez.
Los reparos del PP son aún más razonables teniendo en cuenta que en 2027 hay elecciones locales, autonómicas y generales. ¿Alguien piensa que Vox no romperá todos los gobiernos en los que entre ahora para acudir a las urnas lo más distanciado posible del PP?