La Unidad Central Operativa del Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil relata en un informe las numerosas irregularidades detectadas en la asignación de expedientes sobre proyectos de energías renovables relacionados con la empresa Forestalia. En concreto, la UCOMA señala que Eugenio Domínguez, ex subdirector general de Evaluación Ambiental se autoasignaba "la práctica totalidad de los proyectos de energías renovables presentados por promotores pertenecientes al Grupo Forestalia". Entre ellos, el Clúster Maestrazgo y los proyectos Masía I y Masía II.
El caso de Forestalia está siendo actualmente investigado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel por presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. Hace unas semanas el presidente de la compañía, Fernando Samper, y otras cinco personas, entre las que se encontraban un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera y un notario de la zona, fueron detenidos.
En un informe de la UCOMA, al que ha tenido Libertad Digital, se detalla la asignación irregular del proyecto Clúster Maestrazgo y los proyectos Masía I y Masía II. La Unidad detalla que la autoasignación de proyectos de Forestalia por parte de Eugenio Domínguez" fue el acto que permitió todas las irregularidades posteriores" ya que se creaba una "caja negra" en la que los expedientes "desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez".
"Técnico responsable " sin cualificación técnica
En el proyecto Clúster Maestrazgo, la UCOMA señala que una de las testigos relata que Eugenio Dominguez figuraba en este proyecto como "consejero responsable" y su secretario, que no contaba con cualificación técnica, aparecía como "técnico responsable".
De igual manera, una de las testigos, que era administrativa de la unidad, comenzó su cargo de técnico en 2022 por lo que durante la tramitación de este proyecto "aún no era técnica, su labor real fue estrictamente administrativa: responder preguntas de interesados en el buzón de la unidad sobre el proyecto, y descargar y enviar el expediente una vez resuelto". Sin embargo, Dominguez pidió que a ella y a su propio secretario "se les añadiera en la base de datos SABIA como ‘técnicos participantes’, a pesar de que no lo eran, y, por ende, carecían de la cualificación técnica".
"Ella afirma explícitamente no haber leído documentación técnica del proyecto ni haber participado a nivel técnico en ningún momento, pero sí figuraba en la base de datos como tal", añade la UCOMA.
De igual manera, el técnico al que se le asignó de manera inicial este proyectó señaló a la UCOMA que se trataba de un caso de "complejísima aprobación" y que contaba con "dificultades técnicas". Esto, sumado al anterior testimonio, "demuestra que este complejo expediente no fue reasignado a otro técnico cualificado" sino a Domínguez y a su secretario "consumando así la extracción del proyecto del circuito técnico ordinario".
Consejero y técnico responsable "simultáneamente"
En los proyectos Masía I y Masía II otro de los testigos explica que en este caso Domínguez se asignó este proyecto a sí mismo figurando "simultáneamente" como "consejero responsable" y "técnico responsable".
El técnico, al que fueron asignados estos proyectos, explica que su "análisis técnico inicial concluyó en un borrador de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable". Sin embargo, Domínguez y la Subdirectora General Adjunta, "intervinieron directamente y ordenaron modificaciones" que en resumidas cuentas "se centraban en eliminar contenidos del informe", lo que perjudicaba la viabilidad de este proyecto. "Este proceso culminó con la emisión de una resolución final favorable, contraria a la evaluación técnica original", sentencia la UCOMA.
El último caso que expone la Unidad hace referencia a "una reveladora discrepancia documental y de trato". Otro de los testigos explica el trato diferente que recibió un proyecto de la empresa Green Capital y otro del Grupo Forestalia. El testigo explica que en ambos proyectos "la posición de los aerogeneradores de ambos era prácticamente idéntica" y que la diferencia residía en "los evaluadores y el resultado". La propuesta de Green Capital fue evaluada por técnicos del Ministerio y concluyó con una resolución desfavorable mientras que la del Grupo Forestalia fue evaluada por técnicos de Tragsatec "bajo las órdenes de Eugenio Domínguez y resuelto favorablemente en julio de 2023".
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