El ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica que dirigía Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, obtenía contraprestaciones económicas de Forestalia a través de una "compleja estructura" societaria.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Teruel investiga en este caso presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal. En el marco de esta causa, hace dos semanas era detenido el presidente de Forestalia, Fernando Samper y otras cinco personas. Entre ellas, también se encontraba el citado Eugenio Domínguez y un notario de la zona.
Un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) recogido en el sumario del caso Forestalia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, describe una "compleja estructura creada deliberadamente para ocultar la vinculación y movimientos entre quien tenía que decidir y quien se veía favorecido por sus decisiones", es decir, entre Forestalia y los encargados de aprobar sus proyectos medioambientales.
Mediante este complejo entramado, el ex alto cargo de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez, y su esposa, Montserrat Heredero, tenían participaciones en diferentes empresas vinculadas con Forestalia. Todo ello para llevar a cabo "el pago de contraprestaciones por los servicios realizados, convirtiéndose en indicios razonables de presuntos delitos de cohecho, siendo todas las maniobras realizadas desde la notaría del Sr. Lucas Cadenas".
Según la UCOMA, Eugenio Domínguez y su mujer tenían como socios al notario Lucas Cadenas y a Eduardo Pérez Águeda; este último ejercería como testaferro del matrimonio y su hermano tenía cargos en empresas del Grupo Forestalia. Con ellos, presuntamente, habrían tejido una red societaria con la que habrían cobrado comisiones a cambio de favorecer informes medioambientales positivos para los proyectos de Forestalia, que dividía ilícitamente los proyectos para aparentar el impacto medioambiental real.
De esta forma, Forestalia presentaba proyectos gigantescos divididos en numerosas licitaciones para ocultar el impacto real de sus parques de energías renovables. Algo que la administración daba por bueno gracias a los informes medioambientales favorables firmados por Eugenio Domínguez.
Entre estas sociedades se refleja un préstamo que recibe Cemsal S.L., una de las compañías de Eugenio Domínguez, que alcanza los 5.200.000 euros. Ello sería una contraprestación a cambio de las declaraciones favorables de impacto medioambiental, gracias a las cuales Forestalia, haciendo uso de su red de contactos para aliarse con otras empresas con más medios, habría llevado a cabo varios parques eólicos.
En concreto, la red de empresas se centraría en Caliope Innova S.L., utilizada presuntamente como matriz para la compraventa de participaciones sociales de otras empresas determinantes en la estructura de la organización criminal como Caliope Smart Energy S.L., Caliope Energy Green S.L. o Babieca Investment Renewable S.L.
De hecho, la propia matriz trabajó para Forestalia otorgándole en la notaría del implicado hasta 49 protocolos medioambientales. Uno de ellos, en el que aparecía Eugenio Domínguez como firmante, fue escondido por el notario cuando las autoridades judiciales le requirieron la información pertinente.
Los delitos de cohecho y blanqueo de capitales
Mediante este entramado societario, en el que se encuentran numerosas empresas reflejadas en el sumario, Eugenio Domínguez y su esposa se habrían enriquecido ilícitamente por medio del citado préstamo y de la compraventa de acciones de empresas creadas por ellos o por su testaferro.
"Existe una clara implicación y uso de ese entramado societario como instrumentos necesarios para consumar tanto los presuntos delitos de cohecho como de blanqueo de capitales", asevera el escrito, que refleja que todo ello serían contraprestaciones pagadas a Eugenio Domínguez para que este favoreciese la concesión de los permisos necesarios para realizar parques de energías renovables.
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