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Privaticemos las frecuencias

El CAC y su excesiva politización son sólo la expresión depurada de otro problema más de fondo: las frecuencias radioeléctricas son propiedad del Estado, que tiene capacidad para decidir quién, cómo y por cuánto tiempo pueden utilizarse.

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Del mismo modo que no habría libertad de prensa si el Estado fuera el propietario de todo el papel del país y repartiera y quitara licencias a discreción, la titularidad pública del espectro radioeléctrico coarta la libertad de expresión en el ámbito audiovisual.

Las últimas declaraciones del miembro propuesto por el PP para el CAC, Fernando Rodríguez Madero, insultando a los dos locutores más conocidos de La Cope y Punto Radio ante el Parlamento catalán, después de que se les retirara sendas licencias en Lérida y Gerona, son bastante elocuentes: el CAC pretende silenciar a las dos emisoras por motivos políticos. Pero el CAC y su excesiva politización son sólo la expresión depurada de otro problema más de fondo: las frecuencias radioeléctricas son propiedad del Estado, que tiene capacidad para decidir quién, cómo y por cuánto tiempo pueden utilizarse.

La razón que se aduce en defensa de la esta nacionalización es que las frecuencias son un bien escaso y alguien tiene que adjudicarlas y velar por su uso. La razón que se aduce en defensa de la esta nacionalización es que las frecuencias son un bien escaso y alguien tiene que adjudicarlas y velar por su uso. Esta justificación es un sinsentido desde un punto de vista económico, pues los bienes escasos son los únicos susceptibles de apropiación privada y los únicos a los que cabe asignar precios en el mercado. La escasez no exige la nacionalización, la escasez es la condición sine qua non para que un recurso sea privado. 

El aire o los rayos del sol no son bienes escasos, no son bienes de uso excluyente sobre los que pueda haber un conflicto. El hecho de que yo tome el sol o respire no impide que otros hagan lo mismo. Por eso los rayos del sol y el aire no son de nadie. En cambio, si emito por una frecuencia los demás no pueden emitir por ella sin estorbarme. Lo mismo con cualquier recurso o bien producido en cantidad limitada: dos personas pueden querer darle un uso distinto, solo una de ellas puede controlar el recurso en exclusiva. De ahí que el bien en cuestión tenga un precio en el mercado y sea adquirido por aquél que lo paga.

Si las frecuencias fuesen privadas sus propietarios podrían hacer con ellas lo que quisieran: ofertar otro servicio o cambiar de tecnología, planificar a largo plazo, vender o comprar frecuencias destinándolas a usos más productivos etc. También podrían criticar a quien quisieran sin miedo a que no les renovaran la licencia. Hoy en día el titular de una licencia tiene derechos temporales, condicionados y limitados con respecto al uso que puede hacer de la frecuencia. No puede darle un uso más productivo del que tiene ni venderlo o arrendarlo a un tercero para que le saque un mayor provecho.

El problema de las interferencias tampoco exige la nacionalización. Interferir una frecuencia previamente ocupada por otro equivale a una invasión de la propiedad ajena. Si alguien allana tu morada, la policía lo echa. De un modo similar, si una interferencia ocurriera, el perjudicado podría interponer una demanda y los tribunales obligarían al invasor a respetar la frecuencia. Así es como se resolvían los casos de interferencias en Estados Unidos antes de que se nacionalizara el espectro por motivos políticos.

Los poderes establecidos (incluidos algunos medios establecidos) se resisten a la idea de la privatización, ávidos por conservar su poder sobre las ondas y limitar la entrada de competidores. Pero desde que Ronald Coase defendiera esta idea en los años cincuenta, la privatización cada vez es más popular entre los economistas. La mayoría coinciden en que una gestión eficiente de las frecuencias exige avanzar hacia un escenario en el que el Estado tenga menos poder de decisión sobre el uso del espectro.

Los incrédulos replicarán que esto de la compra-venta de ondas está muy bien en teoría, ¿pero hay algún país que lo practique? En realidad sí. El modelo que más se aproxima a esta descripción es Guatemala, donde la influencia de los economistas de la Universidad Francisco Marroquín se materializó en una reforma de la ley de telecomunicaciones que liberalizó casi completamente el mercado de frecuencias.

En Guatemala cualquier persona puede reclamar una frecuencia que está desocupada. Si no hay más reclamaciones, la frecuencia se adjudica gratis de forma automática. Si hay más reclamaciones se adjudica por subasta. El usufructuario es en este caso un propietario de facto, puede hacer con la frecuencia lo que quiera: determinar y cambiar el uso, la tecnología y el servicio a ofertar en esa frecuencia; arrendar, vender, subdividir o consolidar la frecuencia; utilizarla como colateral o activo etc. La licencia de usufructo dura 15 años y se renueva automáticamente con sólo pedirlo, sin ningún gasto adicional. El resultado de esta reforma liberal ha sido un auge espectacular de la industria de las telecomunicaciones en Guatemala, superior al de otros países latinoamericanos más ricos. Hay más bandas aprovechadas y más competencia, lo que beneficia a los consumidores en forma de más productos y precios más bajos (por ejemplo, en telefonía móvil).

En definitiva, la propiedad privada de las frecuencias es posible y deseable. El CAC es una deplorable manifestación de un sistema que está viciado de origen. Si las frecuencias fueran de propiedad privada no presenciaríamos este tipo de cacicadas políticas destinadas a silenciar a las voces discrepantes. Por ello, hay que atacar la raíz del problema: las frecuencias están nacionalizadas y sólo podemos usarlas si el Estado nos concede su permiso.

Albert Esplugas Boter es miembro del Instituto Juan de Mariana, autor del libro La comunicación en una sociedad libre y escribe regularmente en su blog.

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