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Los efectos en España de la crisis financiera internacional

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VII) La crisis financiera internacional de agosto de 2007 y sus efectos en la financiación de la banca y de la economía española

La crisis financiera internacional se manifiesta, desde que aparece en agosto de 2007, hasta hoy, un año después, como una crisis de liquidez, compatible, durante un cierto tiempo –quizá unos meses más–, con aumentos todavía mayores de los precios de determinados bienes. Se manifiesta como una crisis que para muchos bancos pasa –o pasará– a ser de solvencia y como una crisis que resulta en una restricción general del crédito, pues las autoridades monetarias mundiales –la FED, el BCE, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de los países más grandes del mundo, como China, India y México y Brasil– se han dado cuenta de que la subida de precios de materias primas y alimentos estaba creando las condiciones para que las tensiones de precios en esos bienes se conviertan en una inflación mundial. Para evitarlo están subiendo los tipos de interés de intervención. Los mercados, donde las tensiones de liquidez comenzaron en agosto de 2007, están haciendo el resto, aumentando los tipos de interés, los márgenes y aplicando primas de riesgo crecientes y diferentes según países, sectores y empresas.

La economía española se enfrenta, pues, a una serie de factores que le suponen falta de liquidez y financiación a corto plazo, altos precios de determinados bienes de importación y factores internos que, en cualquier caso, habrían provocado la brusca caída de la actividad de nuestra economía.

1. La falta de liquidez del sistema financiero español como consecuencia de la crisis de agosto de 2007

Para la banca española, bancos y cajas, grandes y pequeños, la crisis tuvo efectos inmediatos. Nuestro sistema financiero era, y es, más dependiente del crédito internacional que casi el de ningún otro país. No había, ni hay, crédito para casi nadie, pero no había crédito, en particular, para la economía española. Personalidades como Alan Greenspan declaraban que, tras la crisis de la hipotecas subprime en Estados Unidos, lo que más les preocupaba era el riesgo que tenían contraído las entidades financieras, españolas y no españolas, con el sector promotor-constructor-inmobiliario español.

2. Las restricciones crediticias habían comenzado antes de agosto de 2007

Desde casi un año antes de agosto de 2007, las dificultades que significaban los altísimos precios que habían alcanzado el suelo y las viviendas en España, eran evidentes incluso para la banca.

Se temía que los compradores de viviendas no pudieran pagar las hipotecas concedidas si subían los tipos de interés. Las entidades financieras habían comenzado a ser más exigentes con las garantías que pedían a compradores de viviendas, y, en menor medida, a promotores inmobiliarios.

Que iba a haber una crisis era evidente por la repercusión del excesivo precio del suelo en las viviendas y en el resto de las edificaciones, además de por un exceso de oferta, que se hacía a precios cada vez mayores, poniendo de manifiesto que el mercado de la vivienda, en particular, lejos de ser un mercado único y transparente, se compone de una serie de mercados opacos, fraccionados, segmentados, y, en algunos casos monopolizados. Y, por supuesto, sin competencia. Las diferencias entre los analistas eran del cuánto, de a quién le iba a afectar y de cuándo se produciría la crisis.

La doctrina oficial de las instituciones financieras, de los promotores, de los analistas, de los bancos de inversión y de los institutos de coyuntura era que no habría desplome brusco, sino una suave desaceleración de la subida de precios de la vivienda, hasta igualarse –por arte no se sabe bien de qué– con el IPC, lo que repercutiría, también suavemente, en la ralentización de la nueva construcción. Pero no se ponía en duda, por ejemplo, que el precio del suelo no bajaría jamás. Ya saben, se trataba de un bien "permanentemente escaso". Una creencia de la que yo también participaba en 2004, cuando escribí que me parecía imposible, dada la complejidad administrativa para transformar suelo rústico en urbano, que llegara a sobrar suelo urbano en España.

La política crediticia se había endurecido, en los meses anteriores a agosto de 2007, para los compradores últimos de viviendas, pero se había mantenido el crédito promotor tanto a empresas solventes como a otras muchas menos capitalizadas. Y se siguieron financiando operaciones corporativas de compra de unas empresas promotoras inmobiliarias por otras. Y nadie se interesó por su liquidez, porque nunca se pensó que las ventas de suelo y viviendas pudieran paralizarse masivamente de una forma brusca. El crédito se seguía concediendo sin más garantías que la de los balances. Ya saben, el suelo era el mejor de los activos.

3. La posibilidad de un ajuste brusco

Y, sin embargo, para algunos analistas era evidente que la crisis del sector promotor nunca iba a ser suave. La cantidad de viviendas construidas y en construcción cubría sobradamente la demanda. Y era muy significativo el número de viviendas que se había vendido en los últimos años como pura inversión, con objeto de alquilarlas o de lograr una plusvalía en la reventa. De hecho, en la primera parte de 2007, se registraban caídas de las ventas de viviendas superiores al 30% o al 40% en relación con los mismos períodos del año anterior y el número total de transacciones inmobiliarias se reducía mes a mes, para desconcierto y desesperación de las entidades de los promotores, de la banca financiadora y de las autoridades autonómicas, que veían como disminuían sus ingresos por el impuesto de transmisiones patrimoniales, frente a crecimientos superiores al 20% anuales acumulativos en los años anteriores. Había, pues, señales evidentes y claras de una crisis motivada por un exceso de oferta a precios cada vez menos competitivos.

Pero los financiadores del proceso, los bancos y las cajas, preferían pensar que asistiríamos a un suave ciclo de desaceleración económica, de corta duración. Y del que no había que preocuparse, porque había provisiones suficientes en sus correspondientes balances para hacer frente a los posibles impagados.

Pero una vez más, no todo se había previsto. No se habían previsto que las tensiones generadas por el exceso de liquidez terminarían por afectar a la estabilidad de la economía mundial; esa liquidez había generado crecimiento, pero también subidas de precios en bienes en los que era difícil que aumentara la oferta a corto plazo. Tampoco se había previsto la falta de confianza en los instrumentos de valoración de los distintos activos en que invertían su ahorro los ahorradores a nivel mundial. Por otra parte, era claro que no se habían valorado en su justa medida los problemas internos de la economía española.

En resumen, los principales problemas mundiales que afectaban a la economía española, desde agosto de 2007, eran los siguientes:

  1. La crisis financiera internacional, que impide que las entidades financieras españolas sigan financiándose en el exterior.
  2. La subida de los precios del petróleo, gas y carbón, las principales fuentes de energía primaria, y de los que la economía española es especialmente dependiente.
  3. La subida de los precios de muchas otras materias primas, básicamente minerales y de los metales de ellos obtenidos, que se refleja, como en otros países, en la subida de los precios de la producción industrial
  4. La subida de los precios de muchos productos alimenticios, básicamente cereales, y de sus derivados, leche y carne, que afecta, como en todas partes, más que proporcionalmente, a la renta disponible de las familias con menos ingresos.
  5. Y, desde hace poco, la subida de los tipos de interés de intervención del BCE, que se suma a la del euribor, que no ha dejado de subir desde agosto de 2007.

La subida de precios de los productos a que se ha hecho referencia ha provocado subidas del IPC en todo el mundo, en particular en los países asiáticos, que están soportando altísimos precios de arroz, un producto básico para su alimentación, lo que se une a la disminución o supresión de las subvenciones al consumo de los combustibles y la energía eléctrica, pues ningún país podía ya soportarlos presupuestariamente. Estas subidas de precios están obligando a las autoridades monetarias de todos los países, no sólo a las de los países asiáticos, a aumentar los tipos de interés y a tomar medidas adicionales para restringir el crecimiento de la oferta monetaria. Son problemas, pues, mundiales.

En el caso de España, lo diferencial es que nuestro IPC sigue subiendo, aproximadamente, un punto porcentual más que el del conjunto del área euro, lo que dificulta nuestra competitividad exterior.

El otro factor que agrava los efectos de la subida de precios en España es el alto índice de indiciación salarial; es posible que haya alrededor de 8 o 9 millones de personas con sus salarios ligados al IPC, más el diferencial que figure en el correspondiente convenio colectivo. A esta cifra hay que sumar los 2,5 millones de funcionarios públicos, a los que los últimos gobiernos del PP y los del PSOE han garantizado su indiciación al IPC.

A esos factores internacionales, resueltos en inflación, subida de tipos de interés y restricciones a la financiación de la economía y de la banca española, hay que sumar otros cuatro factores adicionales y propios que, de por sí, ya habían hecho inevitable el comienzo de una profunda desaceleración.

  1. El déficit de la balanza por cuenta corriente alcanzó en 2007 los 100.000 millones de euros, un 10% del PIB. Ese déficit mide nuestro déficit de ahorro nacional. Gastamos al año, en 2007, 100.000 millones de euros más de lo que fuimos capaces de ahorrar.

  2. El endeudamiento exterior neto del conjunto de agentes económicos que operan en España –Administraciones Públicas, familias, empresas financieras y no financieras– era de 728.000 millones de euros a finales de 2007, una vez descontado el saldo positivo de los activos del Banco de España. Esa cifra, se obtiene como resultado de restar a nuestras inversiones y préstamos al exterior, las inversiones y préstamos del resto del mundo a residentes en España, una cifra que significa el 70% del PIB. De esa cifra, el endeudamiento de las Administraciones Públicas debe ser de alrededor de 60.000 millones de euros, una cifra que se había alcanzado ya en 1996. El resto corresponde a las empresas financieras y no financieras, y a las familias domiciliadas en España.

  3. Los excesos de financiación y, en muchos casos, el empleo de recursos propios, para invertir en suelo y construcción de viviendas, y otras edificaciones, han provocado una subida de precios de suelo y viviendas sin relación con su rentabilidad, presente y futura, para uso propio o para venta o alquiler. Y aunque no sea todavía evidente, también el precio del resto de edificaciones, oficinas, comercios o naves industriales es excesivo, desde el punto de vista de su posible rentabilidad. Aunque posteriormente examinaremos las cifras concretas, esos excesos han provocado la existencia de un stock de viviendas sin vender que posiblemente superará los 1,2 millones a finales de 2008 y se ha creado tanto suelo urbano y urbanizable que no será posible que los inversores últimos recuperen siquiera un porcentaje significativo de su inversión, y si se trata de empresas o empresarios endeudados no podrán hacer frente a los pagos por intereses y principal de sus préstamos. Tendrán que suspender pagos o vender a un precio muy inferior al que han pagado por su compra. Aunque, hoy por hoy, los compradores han desaparecido. Sólo están comprando las entidades financieras para empresas propias, creadas ex profeso para evitar la súbita aparición de créditos en mora en su activo superiores a sus actuales provisiones, una práctica que estudiaremos con detalle más adelante.

  4. Y, finalmente, aunque en España no hay hipotecas subprime, la subida de tipos de interés y el hecho de que la práctica totalidad de los préstamos hipotecarios sean a tipo variable –como se expone en uno de los cuadros anteriores– provocará una situación inédita. Es posible que sean 1,5 millones los compradores de viviendas en el mercado libre correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. Y es también posible que al menos un millón de ellos lo hayan hecho como inversión y 500.000 familias hayan comprado las viviendas para habitarlas. Todos ellos se encuentran con que, en la mayoría de los casos, su deuda hipotecaria es superior al precio de mercado de hoy de esas viviendas. Es posible que sean muchos menos de un millón las familias que han comprado esas viviendas como inversión, pero es mejor colocarse en la posición más favorable para las entidades financieras, porque suponemos que los que han comprado para inversión tienen recursos suficientes para pagar las cuotas hipotecarias. Tan pronto los datos de transacciones inmobiliarias registren los descensos de precios que ya se han producido en el mercado, y que oscilan entre el 20% y el 30%, según las zonas y la tipología de las viviendas, se van a acelerar los impagos hipotecarios sobre este tipo de viviendas, que correspondería a las subprime norteamericanas. De hecho, la subida de la morosidad bancaria desde el 0,2% de hace un año al 1,5% de este momento, registra, básicamente, este fenómeno. Esa tasa de morosidad no registra todavía la entrada en mora derivada de la multiplicación de empresas que están suspendiendo pagos.

La crisis de la economía española que he examinado en otros artículos y que se deriva, en una primera instancia, del ajuste a la baja en la Formación Bruta de Capital, es tan profunda que provocará una recesión ya en 2008, que se extenderá a todo 2009 y que, según las medidas que se tomen, podría empezar a corregirse en 2010. La crisis se ha agravado por los problemas de liquidez del sistema financiero español. La debilidad de la banca hará, sin duda, más profunda aún la crisis de lo que habría sido en otras condiciones. Nos enfrentamos, pues, a dos crisis en parte sucesivas y en parte sobrepuestas, la del ajuste del sector de la construcción y la de la falta de liquidez del sistema financiero.

Será inevitable que el paro suba hasta los 4 millones de personas. Y desde el punto de vista financiero, que es el que estamos analizando en este artículo, se podrían producir pérdidas tan abultadas en la mayoría de los bancos, cajas y cooperativas de crédito, que es posible que se consuma la mayor parte de sus Fondos Propios netos. Al fin y al cabo, esos Fondos Propios netos son de sólo 170.000 millones de euros. Y si se analizan los créditos que ha dado la banca al sector inmobiliario y al constructor, junto con el de las familias que han comprado viviendas en los últimos tres años, parece inevitable que las pérdidas por el ajuste de precios en el mercado se refleje en grandes pérdidas para las entidades financiadoras. Lo que analizaremos con mayor detalle más adelante.

Aunque ésta, la falta de solvencia, es la más honda de las preocupaciones, la situación actual es de falta de liquidez del sistema financiero español. La misma que aqueja a otros muchos países, pero que es más intensa en España.

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