Casi todos los partidos, en sus propuestas electorales, sostienen que sería conveniente rebajar algunos impuestos. Pero luego, cuando logran tocar poder, se olvidan de la promesa y más bien suben algunas contribuciones e incluso diseñan otras nuevas.
El asunto no parece tener solución, pues las Administraciones Públicas asumen cada vez más funciones y contratan cada vez más funcionarios. Se añaden todo tipo de asesores y edecanes de los altos cargos. La única forma de salir del laberinto sería adelgazar las funciones del Estado en algunas de sus manifestaciones. Para empezar, deberíamos recordar lo obvio: que el Estado no es la nación. Parece una simpleza decir una cosa así, pero hasta los periodistas de derechas confunden muchas veces esos dos términos. Lo de sustituir España o nacional por a nivel estatal ha sido un triunfo léxico de los nacionalistas, hoy abiertamente secesionistas.
Quizá no haya que llegar, de momento, a suprimir las mal llamadas autonomías, es decir, el nivel regional del Estado. Sí sería más hacedera la supresión de muchas empresas públicas. Algunas son restos del intervencionismo franquista, como la radio y la televisión públicas, a escala nacional, regional o local. Otras son de nueva planta. Todas ellas sirven muy bien a los caprichos del nepotismo, a las tentaciones de la corrupción.
Otro paso sería la eliminación de los Parlamentos autonómicos (regionales). Con ello se avanzaría un gran trecho en podar la floresta legislativa. No hay despacho de abogados que pueda digerir con naturalidad la maraña de leyes, reglamentos, decretos, directivas, ordenanzas y demás especímenes de la vis legisladora del Estado. Al menos se podría sugerir que los Parlamentos se dieran una especie de vacación para no emitir nuevos textos legales durante un cierto lapso. En el imponente mausoleo de Joaquín Costa en Zaragoza se escribe este elogio para general recordación: "No legisló". Costa era lo que en su tiempo se decía "un publicista". No se dedicaba a la publicidad, sino que se interesaba por la cosa pública.
Los antiguos romanos, tan geniales como ingenuos, decretaron el apotegma de que "la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento". Luego, nuestro ínclito Alonso Martínez la incorporó al Código Civil. Bien está, pero es hoy un mandato de imposible cumplimiento.
Antes que desmontar el sedicente Estado de las Autonomías (por contradictoria que resulte la expresión), convendría replantearse la pertenencia de España (onerosa, desde luego) a un sinfín de organismos internacionales. Por ejemplo, ¿alguien puede decir qué beneficios reporta a España pertenecer a la OCDE? Fue un organismo que se creó después de la II Guerra Mundial para administrar el Plan Marshall, del cual, por cierto, España no tuvo ninguna ayuda. Me temo que la misma dubitativa pregunta se podría extender a muchos otros organismos internacionales. No excluyo a las Naciones Unidas y sus varias dependencias. Si me apuran, tampoco podría asegurar qué ventajas tiene que España pertenezca a la Unión Europea. Ya sé que este razonamiento suena a herejía política, pero solo es un sentimiento, que naturalmente admite la prueba en contrario.
Lo que me parece indiscutible es la dificultad de movernos con soltura en medio del manglar legislativo, que se reproduce sin cesar. Aplíquense los partidos a dar soluciones.