Es sabido que en la España actual la izquierda domina ampliamente la cultura y los medios de comunicación. En consecuencia, prevalecen sus tesis, su propaganda. Tanto es así que la opinión pública española se halla convencida de que ahora hay menos igualdad social que "en cualquiera tiempo pasado". El error de percepción interesa a los voceros de la izquierda y causa efectos nocivos en el pueblo (que ahora dicen "ciudadanía"). El principal es que todos los Gobiernos posibles, de izquierdas o de derechas, se empeñan en aumentar el gasto público y por tanto los impuestos. Esa tendencia, lejos de promover más igualdad, la dificulta. Si al final se reducen algunas diferencias sociales es porque funciona la tendencia secular al aumento del producto económico, lo que llamamos desarrollo. Nadie asegura que vaya a ser siempre así, pero se impone la creencia contraria.
Otra certeza es que, en el futuro (ahora se dice "a futuro"), las desigualdades serán más de tipo de estilo de vida y de mentalidad que estrictamente económicas. La desigualdad mayor en estos tiempos es la que separa el modo de vida de los que mandan en todos los órdenes respecto al que distingue al grueso de los contribuyentes. Solo así se explica el especial encono que se produce en el seno de los distintos partidos por ascender en la jerarquía de poder. Se produce una lucha ritual entre los machos alfa de las distintas organizaciones políticas o económicas. Hoy existe un indicador preciso de tal posición: el número de imágenes y de titulares que merece el personaje en cuestión. Ante tal competición, es natural que se establezcan odios y rivalidades entre los gerifaltes de los distintos partidos políticos. Por ese lado parecen artistas de la farándula.
Los avances en el terreno de la igualdad, aunque no bien reconocidos, contrastan con el escaso aprecio público que merece el valor de la propiedad. El sistema fiscal no puede ocultar su gula confiscatoria. Se impone (y se acepta con resignación) el arbitrio de poner un tributo a la propiedad de los inmuebles (IBI) o incluso de algunos muebles, como el impuesto de circulación de los vehículos. Aunque el gran ataque a la propiedad de la vivienda sea la aceptación práctica de lo que llaman okupación de los edificios. No pocos jueces se desentienden de tamaño acto de vandalismo o piratería. Las víctimas no tienen más remedio que resignarse ante su mala suerte. Bastante es que los asaltantes de sus viviendas no les exijan dinero; casos se han visto. Los vecinos que todavía no han recibido la visita de los rastacueros para instalarse en sus viviendas se mantienen silentes, potencialmente amedrentados. Medran las empresas de seguridad, ya que la Policía (ahora dicen "los cuerpos y fuerzas de seguridad") no da abasto a la demanda de protección. Todo el mundo sabe que en la España actual proliferan los robos, atracos y otras formas de apropiarse de lo ajeno. Los delincuentes habituales saben que el riesgo no es grande.
Parece increíble que ningún partido político haya incluido en su programa la reforma del Código Penal o los protocolos correspondientes para establecer penas de cárcel verdaderas para los sedicentes okupas. Los juicios tendrían que ser rápidos. Sería fácil, pues se trata de un delito flagrante. Es más, algún partido político proclama que la okupación de viviendas se establezca como un derecho. Hasta ese punto de degeneración moral hemos llegado. Un país que no reconozca el avance de la igualdad y no reaccione ante los atentados contra la propiedad no puede llamarse avanzado. Al menos debería estimar que su nivel de democracia parece bastante mejorable.