Resulta muy probable que en el cierre de Megaupload y la detención de los responsables de dicho sitio no sea todo tan blanco ni tan negro como quieren ver tanto partidarios como opositores a la operación del FBI. Con independencia de la postura que se mantenga sobre el modelo vigente de propiedad intelectual, en lo ocurrido en estos últimos días hay puntos claros y también oscuros. Y no nos referimos sólo a que las medidas de protección de "Kim Dotcom" parezcan más propias de un mafioso que otra cosa.
En este mismo espacio hemos explicado en diversas ocasiones que la propiedad intelectual es una ficción jurídica que atenta contra la auténtica propiedad privada, pero la legislación vigente adoptada por métodos democráticos debe ser cumplida. La realidad es que, en principio, el FBI y las autoridades neozelandesas han actuado de acuerdo con las normas legales existentes. Otra cosa es que dichas leyes deban ser modificadas, pero hasta que eso ocurra, la seguridad jurídica es necesaria. Además, aunque sea injusto cerrar un sitio web de descargas (por mucho que sea legal hacerlo), parece que, en principio, puede haber aquí otros delitos añadidos de naturaleza diferente, en especial el blanqueo de dinero.
Esto último debe ser tenido en cuenta. Cuando actividades que no deberían ser ilegales son transformadas en delitos o conducidas a un limbo de alegalidad, resulta muy habitual que quienes las practican terminen mezclándolas con otro tipo de comportamientos criminales que sí dañan de forma evidente a terceros. Los ejemplos sobran. Es lo que ocurrió con la Ley Seca de EEUU, que generó fuertes y poderosas bandas mafiosas, y es lo que pasa en todo el mundo, por ejemplo, con la prostitución. Al querer combatir comportamientos considerados inmorales o dañinos, se favorece el crimen organizado con todo lo que conlleva: asesinatos, secuestros, blanqueo de dinero y demás.
Pero hay un punto en este caso que resulta, cuando menos, feo desde un punto estético. Si, como parece, existe una actividad delictiva, se podría haber actuado antes contra Megaupload y sus responsables. Pero se ha hecho en un momento muy determinado, justo cuando el debate en torno a los derechos de autor está más abierto por la pretensión de sacar adelante la SOPA, el equivalente "obamita" a la Ley Sinde española. Que la Justicia y el FBI hayan entrado en acción justo cuando Wikipedia y otros destacados sitios (entre los que figura Google) hayan protestado contra el proyecto de Ley mediante el cierre o la inserción de mensaje, resulta muy sospechoso. ¿Estamos ante la aplicación de la ley o simplemente ante matonismo estatal al servicio de los lobbies de los derechos de autor? Posiblemente es una mezcla de ambas cosas.