No es la primera vez que escribo sobre la cuestión. Y me temo que no será la última. Es fácil hablar de libertad, muy difícil respetarla. Si hay algo que la define con mayor claridad es el derecho a la propia vida. Si el ser humano es dueño de algo, es de su vida, la única propiedad que nadie le puede arrebatar porque sólo la puede vivir él. Negarle a un ser humano el disponer de ella es el atentado más flagrante contra la libertad individual.
Hoy ha pasado por el Congreso el proyecto de ley sobre la eutanasia, palabra maldita donde las haya, que en realidad significa “buena muerte”. Muy al contrario de su leyenda, se entiende como la acción u omisión destinada a provocar la muerte de un enfermo, debidamente informado de su estado y pronóstico, a petición libre y voluntaria de éste, y con el fin de evitarle sufrimientos que le resulten insoportables.
No es mi intención enumerar las contraseñas que la ley dispone para evitar que se haga un mal uso de tal derecho por terceros, seguro que se podrán encriptar mejor, seguro que la práctica nos enseñará márgenes indeseables que la ley no ha podido prever, y mejoraremos en el futuro. Como todo lo humano. Pero la intención de la ley es, en primer lugar, preservar la propiedad y libertad individual de quienes se quieran acoger a ella para que nadie pueda suplantar su voluntad en ningún caso. Con el andar del tiempo y la concienciación social, el testamento vital proveerá al interesado de la garantía última en caso de no estar ya en disposición de tomarla por sí mismo conscientemente. En segundo lugar, nadie será obligado a suplantar tal decisión en ningún caso y ,por lo mismo, es una opción, no una obligación. Y en tercer lugar, los propios médicos y juristas que hayan de garantizar tal decisión tienen el derecho a la objeción de conciencia.
Como digo, no es mi intención justificar con razones lo que es un derecho inalienable a la propia vida, sino afirmarlo desde una realidad humana tecnologizada que nos ha abocado a vivir más allá de nuestras propias fuerzas naturales.
Hoy ya no tememos a la muerte tanto como a permanecer indefinidamente muertos en vida, carcomidos por el dolor o encadenados a un cuerpo incapaz de garantizar la más mínima dignidad a esa vida que otrora latió y soñó, y que ahora, en estado vegetal, sólo sostiene la ciencia por medios artificiales.
Este es nuestro destino a principios del s. XXI. La ayuda de la ciencia alarga la vida, pero el precio de esa mayor longevidad es el deterioro del cuerpo y del espíritu. A veces, hasta la crueldad. Cada vez hay mayor número de personas, en su mayor parte ancianas, con cada vez menos calidad de vida, torturadas en sus últimos días por un falso sentido del amor. En lugar de un tránsito digno a la muerte, los tabúes morales, los imperativos médicos o el Estado deciden retener, retrasar contra su libertad a muchas personas que hubieran preferido morir dignamente, satisfechas de haber vivido o asqueadas de una agonía sin esperanza.
Y en última instancia, es mi vida. Y quiero disponer de ella en cualquier caso y por cualquier circunstancia. Sin más razones. Con una única objeción, si al hacerlo de forma absoluta perjudico a terceros.
PS. Bombazo contra la Ley Celaá. Mientras finalizaba este texto, el TSJC emitía una sentencia dando apoyo al español como lengua vehicular de la enseñanza de forma inmediata y en un porcentaje como mínimo del 25%. ¿Con qué argumentos podrá votar el Gobierno, en su último trámite del Senado, el próximo día 23, la Ley Celaá (Lomloe), donde se excluye el español como lengua docente? ¿Lo hará en contra de los propios tribunales de justicia? ¿Tendrá el cuajo de prevaricar, es decir, de actuar ilegalmente a sabiendas? Comunicado de la AEB y de Hablamos Español.