"No se persiguen las ideas independentistas, sino a quienes cometieron delitos para imponerlas". Todos, desde el presidente del Gobierno hasta el jefe de la oposición, pasando por las firmas más influyentes del periodismo escrito y audiovisual, repiten la obviedad. Es evidente, hasta el Tribunal Supremo lo hubo de dejar claro en la sentencia a los sediciosos: la Justicia no persigue ideas, sino delitos.
Ante el nacionalismo, todos hemos de hilar muy fino, no sea que. De tanto cuidar las formas con los matones, estamos permitiendo que nos cuelen otro mantra por la puerta de atrás: que la idea de independencia, si se reivindica desde la legalidad, es legítima, es buena.
La sedición, como cualquier otra agresión a la Ley, es delito. Y contraponerlo a que las ideas independentistas son, por el contrario, legales es una manera cobarde de no cuestionar su legitimidad. No todas las ideas son dignas, sólo las personas lo son. El racismo o la sumisión de la mujer, por ejemplo, no son ideas dignas. Tampoco la independencia. Porque las ideas independentistas son, en sí mismas, insolidarias, egoístas, reaccionarias, ventajistas, excluyentes y, en muchos casos, supremacistas. No siempre y en todo tiempo, pero sí hoy, aquí, en Estados democráticos consolidados donde la máxima es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley por el mero hecho de serlo, no por el territorio donde nacieron.
Desde la misma Transición, el catalanismo logró desautorizar como facha a cualquiera que no aceptara sus postulados. Su forma más consolidada de diálogo. Así se ha mantenido hasta la fecha. En el camino, la izquierda acabó mimetizando el éxito y convirtiendo a cualquier disidente a su ideología en ultraderechista. La derrota del pensamiento.
Pero a la vez que el catalanismo estigmatizaba cualquier idea del otro, legitimaba todas las suyas. Aunque estuvieran podridas por dentro. Es el caso de la independencia. La amenaza de la independencia asusta tanto, que su defensa como derecho a la libertad de expresión la humaniza, la hace respetable. Al menos como patrimonio de la tolerancia democrática. Sin embargo, la aspiración independentista, incluso por vías democráticas, es en sí misma reaccionaria, porque arruina tres siglos de avances sociales, donde el ciudadano es el centro de los derechos y deberes de un Estado democrático, y no sus territorios o sus etnias. Tanto si se mira desde la derecha como si se hace desde la izquierda. Sobre todo desde la izquierda democrática, pues de ella surgieron los servicios sociales que cuajaron después de la II Guerra Mundial (sanidad pública, educación universal, derechos laborales…) Si todos los ciudadanos fuéramos tan egoístas como los independentistas catalanes o vascos, los ciudadanos de las regiones deprimidas –a menudo como mano de obra de las más prósperas– carecerían de servicios públicos suficientes e infraestructuras de comunicación, condenándolos al subdesarrollo. Si Tabarnia (Barcelona + Tarragona), con PIB y renta per cápita más alta que Lazitania (Gerona y Lérida), pidiera la independencia de Cataluña, y se desentendiera de su aportación fiscal al resto, sería más rica, pero más insolidaria. No creo que en este caso el derecho a decidir la independencia de Tabarnia les pareciese tan democrático y legítimo.
Si en economía la independencia representa el fin de la progresión fiscal respecto al territorio del que se desgaja, en tolerancia democrática es un atentado contra la paz social. Las ideas de independencia convierten en extranjeros a cuantos no entren en su molde étnico, lingüístico, religioso, etc. La consecuencia es la división social, el enfrentamiento, la guerra. Este escenario es hasta la fecha lo único real y palpable a que nos han arrastrado tales ideas independentistas, además de empobrecernos a la mayoría. Excepto a los que viven de ellas.
En conclusión, la ideología independentista es un mal en sí mismo, una afrenta a la solidaridad, la libertad y la igualdad humanas. Y no la esperanza de un pueblo oprimido. El enigma es por qué en España se sacraliza lo que en Europa se desprecia.