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Antonio Robles

Nada por escrito

Toda España se ha dado cuenta, ¡por fin!, de que el Gobierno de la Generalidad miente más que habla.

Toda España se ha dado cuenta, ¡por fin!, de que el Gobierno de la Generalidad miente más que habla. Y no me estoy refiriendo a ese insostenible cambalache del 3% cada vez más insoportable, sino a la negación de Artur Mas y sus dos consejeras de ser responsables materiales de la organización del 9-N. ¿Cómo tienen la barra de negar ante el juez lo que toda su propaganda mediática y sus actos políticos y administrativos han alentado, difundido y costeado para llevar adelante el referéndum ilegal del 9-N?

A esta forma taimada de obrar es a la que nos hemos tenido que enfrentar durante los últimos 35 años en Cataluña. Aunque haya tantos que no lo hayan querido ver, y menos combatir. Ahora resulta que no dieron orden alguna para disponer de centros escolares donde celebrar el 9-N. Ahora resulta que no ordenaron, presionaron y torcieron voluntades para que los directores de los centros abrieran sus puertas o, en su defecto, cedieran las llaves a otros profesores (buena parte de los voluntarios eran profes) o a militantes de la ANC, Ómnium Cultural o cualquier otra organización o partido político secesionistas.

La hipocresía es colosal. No sólo de los imputados del Gobierno de la Generalidad, también de la sociedad entera, y en particular de maestros y profesores que asistieron, complacidos unos, callados otros, a la celebración de la ilegalidad. En algunos centros, con luz y taquígrafos, apuntándose en los tablones de anuncios de la sala de profesores con la intención no sólo de ofrecerse a colaborar, sino de presionar al resto para que se retratase.

Sólo a partir de la negación del TC a la realización de la consulta el sindicato de enseñanza de CCOO y algunos directores exigieron al Departamento de Enseñanza la orden por escrito para entregar las llaves a los responsables designados por el departamento. Por supuesto, nunca la recibieron. Eso fue exactamente lo que le pasó a Dolores Agenjo, directora del IES Pedraforca de Hospitalet de Llobregat, y por lo que se negó a convertir su centro en sede electoral de un referéndum ilegal.

¿Cómo se puede ocultar lo que todo el mundo sabe? ¿Cómo es posible que una sola profesora, ¡una sola!, haya tenido el coraje cívico de plantarse ante el abuso de poder y dar fe de ello en los tribunales? ¿Estos profesores son los que se quejan de recortes en educación? ¿Qué educación? ¿La que encubre el delito, la que miente y hace del cinismo un valor político?

Quien crea que esta negativa del Departamento de Educación a dar por escrito circulares de obligado cumplimiento es una artimaña singular para librarse de responsabilidades penales por lo del 9-N está muy equivocado. La Administración nacionalista nunca ha dado una orden por escrito cuando hacerlo implicaba prevaricar. Incumplir la ley, sí; soportar la pena, nunca. Jordi Pujol en estado puro. A principios de los ochenta generalizó este proceder en la escuela para llevar a cabo una limpieza lingüística generalizada en libros de texto, documentación administrativa, señalización, etc., sin que se notase el cuidado. Así eliminó la enseñanza en castellano (aún sigue), y del castellano allí donde pudo (hasta principios de los noventa, cuando fue denunciada la ilegalidad); es decir, ni siquiera se daba la asignatura de lengua española en primaria, y para evitar la evidencia del delito rellenaban las notas de castellano en el libro de escolaridad con notas inventadas (pág. 277 de Historia de la Resistencia al nacionalismo en Cataluña, 1979/2006). Impuso luego la inmersión generalizada a pesar de ser inconstitucional (y la negó durante casi dos décadas), catalanizó los nombres de los niños sin el conocimiento y consentimiento de la mayoría de padres, manipuló instancias de petición de traslados de maestros castellanohablantes a sus espaldas para destinarlos fuera de Cataluña en contra de su voluntad (pág. 122), negaron el programa de catalanización forzosa del profesorado mientras lo llevaban a cabo (pág. 41), negaron durante años el examen de selectividad en castellano, pero nunca lo hicieron por escrito (pág. 277), adoctrinaron y vaciaron la escuela de autores literarios y hechos históricos que convino para romper los lazos culturales, afectivos e históricos con España, eliminaron toda referencia simbólica nacional e impusieron la visión étnica de la Cataluña que hoy representan Junts pel Sí, la CUP y demás partidarios del derecho a decidir.

¿Se extraña alguien ahora de la insultante soberbia que muestran ante los tribunales?

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