Que el Gobierno y la berrea electoral política estén obligados a no nombrar a la bicha no exige que el periodismo y la opinión pública también estén forzados a doblar la rodilla ante la estupidez nacional sobre el ejército y sus funciones.
La tormenta la desató el ministro Pedro Morenés el martes pasado en RNE al ser preguntado por la misión del ejército en caso de una hipotética declaración de independencia:
Cada uno tiene que cumplir su deber, las fuerzas armadas, los gobernantes y los gobernados. Y si todo el mundo cumple con su deber, le aseguro que no hará falta ningún tipo de actuación como la que usted está planteando.
El catalanismo es especialista en el chantaje emocional. Sabe que nombrar a los tanques trae a la memoria de cualquier español la tragedia pasada y la memoria adobada. Una real y dramática, otra instrumental y rentable. Siempre fue un especialista en meter mano a las emociones y sacarle la máxima rentabilidad. Estímulo y respuesta. Han sabido convertir a buena parte de la sociedad catalana en una inmensa perrera de Pávlov para hacerla salivar con la amenaza de una docena de tanques entrando por la diagonal. ¡Qué gozo, qué inmenso placer el mero hecho de imaginarlos! Aunque tanta baba ponga el pavimento perdido. Ya saben, el negocio del victimismo.
Este chantaje neutraliza buena parte de los instrumentos constitucionales del Estado considerados por el nacionalismo escollos para sus fines secesionistas. Por eso, caer en el chantaje para no soliviantar a la colmena nacionalista ha sido siempre un salvoconducto para todas sus fechorías ventajistas y muy lesivo para los intereses constitucionales del Estado. Entre ellos, neutralizar su fuerza ejecutiva, que en caso de necesidad extrema, y siempre desde la dirección política legitimada por el Estado de Derecho, garantiza el art. 8.1 de la Constitución:
Las Fuerzas Armadas (…) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
¿Es que hemos de abjurar, avergonzarnos ahora, de uno de los pilares básicos de cualquier Estado de Derecho, indispensable para garantizar su soberanía?
Pues parece ser que sí. El nacionalcatalanismo esperaba, como agua de mayo, alguna referencia a los tanques antes del 27-S, y han aprovechado las declaraciones del ministro de Defensa para recrear lo peor del franquismo. Previsible, obvio, sucio. El problema no es que ellos lo hagan, es que el Gobierno y las fuerzas políticas nacionales se arruguen. El recurso ese de señalar como "fabricantes de independentistas" a todo el que anuncie recursos legales contra el incumplimiento de la ley es infantil, pero de una eficacia desmedida para neutralizar a nuestra clase política. Sin darse cuenta de que, si tan rentable es para sus intereses independentistas, ¿por qué nos lo advierten? En su lógica ventajista se lo callarían. Pero no se lo callan porque saben que el tabú guarda la viña. Si se perdiera el miedo a decir sin temor que las sentencias están para cumplirlas, las leyes para aplicarlas y el ejército para garantizar el título octavo de la Constitución si fuera necesario, el ciudadano corriente perdería el respeto reverencial al nacionalcatalanismo. O a su hegemonía moral y cultural, que tanto pesa.
Pues bien, demos por perdidos a los políticos, pero no permitamos que el periodismo y el pensamiento renuncien a pensar por sí mismos. Fíjense en ellos, ya lo han denunciado como un crimen en la Comisión Europea. Los golpistas de verdad denuncian en las instituciones europeas al golpista imaginario.
P. D. Desde la instauración de la Democracia, el ejército siempre ha sido sospechoso. No el resto de instituciones, a pesar de habernos decepcionado todas. Desde las políticas hasta las judiciales, desde las ONG a las universidades. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, desde la muerte del franquismo, el 23 de febrero de 1981, han cumplido sus obligaciones, han soportado sueldos inferiores, han callado y nos han dignificado en el resto del mundo. No todas las instituciones pueden decir lo mismo.