Con Zapatero empezó todo, que diría el otro. El proceso de demolición de la Transición con su ley de desmemoria histórica; su apoyo al nuevo estatuto de Cataluña, negociado con Artur Mas una tarde de domingo en la Moncloa; su negociación política con ETA; su confesión de que, para él, el concepto de nación es "discutido y discutible" fueron algunas de sus actuaciones, que dejaron muy tocado al régimen constitucional del 78.
Lo que entonces nadie preveía era que unos años después le iba a suceder al frente del PSOE y del Gobierno de España un personaje como Pedro Sánchez, que ahondaría todavía más en la nefasta herencia que dejó el político leonés (aunque nacido en Valladolid). Lo que tampoco nadie o muy pocos preveían era la escasa o nula capacidad de reacción en el seno de un partido que lleva la E de España en sus siglas ante el empeño de su actual líder de pactar el Gobierno de la Nación con quienes tienen como objetivo principal, precisamente, la destrucción de la Nación. Algo insólito en nuestra democracia reciente.
Muy pocas voces se han oído estos días dentro del PSOE criticando esta actitud suicida de Sánchez. Por no hablar de la falta de debate interno. ¿Desde hace cuánto no se reúne el Comité Federal, que en teoría sigue siendo el máximo organismo del partido entre Congreso y Congreso? ¿Dónde se debatió el pacto PSOE-Podemos que firmaron Sánchez e Iglesias cuando no habían transcurrido ni cuarenta y ocho horas desde la celebración de las últimas elecciones?
Entre esas escasísimas voces críticas está la del presidente de Castilla-La Mancha: "Cuando se habla de España, decidimos todos los españoles", ha dicho García Page. Y tiene toda la razón. Ningún presidente del Gobierno puede negociar el futuro de una parte de España a espaldas de la voluntad popular, es decir, sin respetar la soberanía nacional, que, como la Constitución dice taxativamente en su artículo 1.2, reside en el pueblo español.
Ya puede Sánchez jurar y perjurar que él nunca cederá a las pretensiones independentistas de los de ERC y de los de Juntos por Cataluña. Aparte de que el valor de su palabra quedó muy devaluado hace ya tiempo, entonces ¿por qué negocia con ellos?, ¿para qué busca su apoyo, ¿qué les va a dar a cambio; ¿por qué habla de "seguridad jurídica" y no de la Constitución?; ¿por qué califica de "conflicto político" lo que en realidad es un intento unilateral de unos partidos independentistas catalanes de separarse del resto de España?
Produce gran inquietud que, ante esta deriva del líder del PSOE, no haya dentro de su partido una reacción y una oposición mucho más contundentes. No basta con que Felipe González muestre su sorpresa ante el hecho de que antes se negocien los sillones que el programa de gobierno; no es suficiente con que Rodríguez Ibarra anuncie que se dará de baja del partido si Sánchez es presidente gracias a Podemos y ERC. Es muy llamativo que sólo dos barones regionales –García Page y Lambán– hayan mostrado su desacuerdo con los planes del candidato socialista, y resulta clamoroso el silencio de la otrora lideresa andaluza Susana Díaz.
Como en el pasaje del Génesis del diálogo entre Jehová y Abraham sobre la intención del primero de destruir Sodoma, cabe preguntarse: ¿no quedan cincuenta justos en el PSOE capaces de oponerse a los planes de Sánchez y evitar la destrucción de España? Jehová, a instancias de su interlocutor, llegó a aceptar que, si hubiera diez justos en Sodoma, no destruiría la ciudad. En un partido como el PSOE, con todas las sombras que se quieran –casos de corrupción, GAL, etc.–, que ha sido clave en el desarrollo y la consolidación del régimen constitucional del 78, ¿no quedan siquiera diez justos?