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Cristina Losada

Inmunidad no es impunidad

La inmunidad no es impunidad. Pero hay gentes muy interesadas en transmutar la una en la otra.

Cristina Losada
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La inmunidad no es impunidad. Pero hay gentes muy interesadas en transmutar la una en la otra.
Separatistas piden la libertad de los golpistas presos | EFE

En política hay que estar preparados para lo peor. De ahí que sorprenda que al Gobierno le haya sorprendido la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, porque esperaba, ¡ay!, otra decisión. Siempre escurriendo el bulto cuando se trata del separatismo, la vicepresidenta Calvo dice que este lío es una herencia del Gobierno de Rajoy. Y un escaqueo tan típico y tópico, en instantes como éste, hace sospechar lo atípico y lo irregular: que quieren deshacerse del legado cuanto antes y aprovechar la inmunidad para pasar a la impunidad. Aunque ya que hablamos de herencias. También lo es, de aquel mismo Gobierno, que Puigdemont, otra inmunidad en juego, lograra escapar. Fue un Gobierno que tampoco supo o quiso prepararse para lo peor. Ni el 1-O ni antes ni después. Hasta le cogió desprevenido aquella sentencia de los jueces de Schleswig-Holstein, que se pasaba por el forro la euroorden.

Entre la estupefacción cierta o fingida del Gobierno y la agitación separatista, que la celebra como si fuera una orden de libertad o anulara el juicio del Supremo, el auténtico alcance de la sentencia está quedando en la confusión más oscura. Aunque la propia decisión del TJUE tiene su papel en el enredo. Para empezar, ha establecido un criterio diferente al que se daba por sentado hasta ahora. El momento en que uno empieza a ser eurodiputado y a gozar de la prerrogativa de la inmunidad –es prerrogativa, no derecho fundamental– no es, como se suponía, cuando el elegido cumple los requisitos que dispone cada Estado miembro en su territorio. Como acatar la Constitución, por ejemplo. Pues no. Según el TJUE, uno es eurodiputado por efecto directo del sufragio y empieza a tener entonces inmunidad. En concreto, la inmunidad de desplazamiento, la que le protege para acudir a la Eurocámara a tomar posesión del escaño.

Una primera consecuencia política de la sentencia, en el plano europeo, es que relega a un papel meramente decorativo las normas internas de los Estados para la formalización del cargo de eurodiputado. Implica, por tanto, un nuevo recorte a la soberanía de los Estados miembros. Es toda una ironía que esta decisión contraria a la soberanía estatal vaya a beneficiar a unos soberanistas que proclamaron un Estado independiente. Pero así son las cosas de la justicia europea. Y aún hay una segunda consecuencia, en ese mismo plano, todavía más inquietante. Una persona que esté procesada por algún delito en un Estado de la UE puede ahora presentarse a las elecciones europeas con la seguridad de que si sale elegida logrará, sin más trámite, la inmunidad parlamentaria y podrá así obstaculizar las actuaciones judiciales a las que está sometida.

¿La Eurocámara como refugio de procesados? Quizá no haya pensado en esa provocadora perspectiva el presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, cuando anunció, altisonante, que ordenaba a sus servicios jurídicos que estudiaran de inmediato los efectos de la sentencia en la composición de la Cámara. Mira que si uno de los efectos en la composición de la Cámara es que se junte allí, en el gran hemiciclo bruselense, un buen surtido de presuntos delincuentes, lo mejorcito de cada casa y de cada Estado miembro... Cierto, habrá que verlo en detalle. Los legos en derecho nos perdemos los detalles. Pero la posibilidad está ahí. Tan ahí que es exactamente la que exploraron Junqueras y compañía, y que ahora tiene el aval del TJUE. Porque Junqueras ya estaba procesado cuando se presentó candidato. Y se presentó candidato, como el resto de los golpistas, con la sola finalidad de obstruir –o dinamitar– el proceso judicial.

La sentencia dice que el Supremo tenía que haber levantado la prisión provisional para que Junqueras fuera a tomar posesión de su escaño europeo. O haber pedido a la Eurocámara que suspendiera la inmunidad. Pero no ordena poner en libertad al jefe de Esquerra, condenado por sedición y malversación, por más que lo proclame urbi et orbi la propaganda separatista. Propaganda que difundían sin restricción y sin fact-checking los medios públicos nacionales, porque igual ahí, como quiere el Gobierno, les va bien presentar esto como un lío heredado del que hay que deshacerse cuanto antes. La inmunidad no es impunidad. Pero hay gentes muy interesadas en transmutar la una en la otra. La confusión es la redoma perfecta para esa alquimia.

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