La primera señal clara de que Sánchez había decidido revertir su posición inicialmente renuente a indultar a los separatistas fueron las declaraciones que avisaban de que la condena por sedición no se entendía en Europa. De entrada, eran manifestaciones imprecisas, deliberadamente imprecisas, pero evidenciaban que el Gobierno quería utilizar a Europa como coartada, bien para conceder el indulto, bien para reformar los delitos de sedición y rebelión. Aún no tenía decidido entonces la parte socialista del Gobierno cuál era el curso de acción que mejor le convenía. Los socios podemitas, huelga decirlo, lo habían decidido desde el principio.
Si fuera cierto que en Europa no se entendía, lo que tenía que hacer el Gobierno era explicarlo. Pero si buscaba una coartada, claro está que no iba a intentar que la condena por el golpe de octubre fuera entendida y respetada en esa Europa que, según decían, tenía dificultades para comprenderlo. Al contrario. Para que la coartada fuera efectiva, venía bien que algún organismo europeo mostrara, en efecto, que no entendía nada –y le parecía mal– que un grupo de políticos independentistas estuviera en la cárcel. Y, ya puestos, lo ideal era que esa demostración de incomprensión apareciera antes de la aprobación de la medida de gracia.
Qué gran casualidad. Ha sido tal cual. ¡Ni que estuviera planeado! El 21 de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reúne a parlamentarios nacionales de los 47 Estados miembros de ese organismo, aprobó una resolución sobre España y Turquía, las dos en el mismo saco, que, en base a un informe erróneo y falaz sobre lo que fue el 1-O, pide a España que perdone o deje en libertad a los condenados, renuncie a procesar a los huidos y a sancionar a otros implicados, reforme los delitos de sedición y rebelión y abra un "diálogo constructivo" con todas las fuerzas políticas de Cataluña, incluidas las que se oponen a la independencia. El día 21 se aprobó –con 70 votos a favor– tal resolución, orwellianamente titulada "¿Pueden los políticos ser juzgados por declaraciones hechas en el ejercicio de su cargo?". Al día siguiente, el Gobierno aprobó los indultos. Vaya casualidad.
¿Más casualidades? Pues sí. Las recomendaciones de la Asamblea del COE a España coinciden casi punto por punto con las acciones e intenciones declaradas del Gobierno español. Excepto la de incluir a los partidos no independentistas en el "diálogo constructivo". En este punto hay que reconocer que incluso esa resolución, que transmite una ridícula versión de los hechos de octubre de 2017 y convierte la proclamación de una república catalana independiente en un asunto de libertad de expresión, es más generosa que el Gobierno. Pero, salvo por esa discordancia, la coincidencia es plena. Ya tenemos la coartada completa. Es verdad que los socialistas españoles no votaron a favor del texto. Pero ¿trabajaron para evitar que se aprobara o para no evitar su aprobación?
La pregunta, reformulada, habría que hacérsela a otros parlamentarios españoles presentes en esa Asamblea que pertenecen a partidos contrarios al separatismo. ¿Qué hicieron? No es fácil la tarea si el propio Gobierno de España prefiere tener coartada europea para indultar antes que defender la sentencia, la ley y la realidad de los hechos. Pero desde que empezó la crecida separatista catalana, la incomparecencia de España en la arena europea e internacional es una constante. Para el separatismo, el campo de batalla internacional es clave; allí destaca fuerzas y recursos. Sus embajadas no son elementos decorativos. España, en cambio, lo desdeña. Se comporta como una vieja potencia apoltronada, adormecida por la rutina, que cree que nada puede cambiar el orden establecido, ni aun cuando a su alrededor caen las testas coronadas. La resolución de la Asamblea del COE, organismo que elige a los jueces del Tribunal de Derechos Humanos, no es una anécdota irrelevante. Y permite constatar, una vez más, que los separatistas ganan batallas por incomparecencia de España.