Un año después del atentado de las Ramblas en Barcelona ya es posible certificar que de nuevo nos encontramos ante la más miserable utilización política del terrorismo que cabría esperar, algo impropio de una sociedad democrática con un mínimo de rigor moral, algo propio de una clase política oportunista, totalmente carente de ética y a la que la historia deparará, si duda, un juicio aún más severo que los que pronto tendrán lugar en el Tribunal Supremo.
Cada día es más evidente que el separatismo en el poder en Cataluña vio en la masacre una oportunidad política y trató de aprovecharla sin el más mínimo pudor. Cuando lo realmente ocurrido deja muy serias dudas sobre la actuación de la policía autonómica, especialmente por la falta de reacción tras la explosión de la casa de Alcanar ocupada por el grupo de terroristas, desde el minuto uno todos los esfuerzos se destinaron a construir un relato sobre la eficacia y la independencia de facto de unos Mossos que llegaron, incluso, a ocultar información al resto de cuerpos policiales españoles.
Este escenario se completó con una serie de escenificaciones de repulsa en las que los asesinos no parecían tener mucha culpa, hasta culminar en la gran manifestación del 26 de agosto en la que se orquestó un terrible espectáculo para culpabilizar al Rey y, con él, a toda España.
Ya desde entonces y durante todo este tiempo las víctimas se han sentido "engañadas, abandonadas, incomprendidas y tristes", tal y como han expresado este jueves en una durísima rueda de prensa. A la tragedia de sus heridas o de la pérdida de sus seres queridos se ha sumado una manipulación política en la que su inmenso dolor sólo era una carta más en una partida inmoral, miserable, con la que el separatismo ha demostrado que es capaz de cualquier bajeza por acercarse sólo un metro más a sus objetivos políticos.
Ni los responsables de las instituciones ni el resto de la sociedad catalana y la española hemos estado -aunque la diferencia de responsabilidad sea evidente- a la altura de unas víctimas que vieron sus vidas truncadas y luego se han visto olvidadas, tal y como para vergüenza de todos ha pasado, por cierto, con la mayoría de nuestras víctimas del terrorismo, molestos testigos de una realidad que por unas u otras razones era incómodo recordar y resultaba políticamente rentable esconder.
Pero es que además los atentados de Barcelona y Cambrils ni siquiera han servido para aprender la lección y solucionar alguno de los problemas de seguridad que evidenciaron. Así, la cooperación entre los distintos cuerpos policiales sigue siendo una asignatura pendiente y, aunque está claro que no se puede decir que esa coordinación hubiese logrado evitar aquel atentado o cualquiera otro en el futuro, es evidente que compartir la información y los recursos de todos mejoraría nuestra capacidad de respuesta al reto terrorista.
Un año después el separatismo sigue empeñado en culpar a España, aunque sea a costa de ningunear el papel de los verdaderos asesinos, e incluso llega a la bajeza de convocar manifestaciones de recuerdo de los crímenes junto a la cárcel en la que están encerrados unos presuntos delincuentes cuyo papel en aquella tragedia no fue, desde luego, como para enorgullecerse.