Los actos de la Diada han demostrado que el nacionalismo sigue dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su proyecto secesionista. La manifiesta ilegalidad de un referéndum para el que la Generalidad no tiene competencias o la imposibilidad de adquirir un nuevo estatus como país independiente reconocido por las instituciones internacionales son dos argumentos suficientes para que en cualquier sociedad sana el proyecto secesionista tuviera una dimensión puramente testimonial. Sin embargo, en la Cataluña aherrojada por el nacionalismo durante más de tres décadas, con una política identitaria impuesta con total impunidad y apuntalada por unos medios de comunicación rendidos al poder político, el ideal secesionista ha adquirido una magnitud que hace ya prácticamente imposible una vuelta a tiempo a la racionalidad.
Los dos partidos nacionalistas mayoritarios, CiU y ERC, han puesto nuevamente de manifiesto su compromiso con el plan secesionista, sin que las diferencias entre los planteamientos de uno y otro supongan nada más que un rasgo testimonial para identificarse con sus respectivas militancias. Artur Mas se reafirmó en su deseo de seguir adelante con el proyectado referéndum, mientras que en ERC llegan a extremos directamente golpistas, con la intención expresa de vulnerar la legalidad española e internacional proclamando la independencia unilateralmente, tras un remedo de consulta popular.
La masiva asistencia a la manifestación de la Diada ha sido un éxito para los partidos independentistas, pues el Día de la Comunidad Autónoma de Cataluña es ya únicamente una celebración para los partidarios del separatismo. Ni siquiera el escándalo sin precedentes del latrocinio de Jordi Pujol, precisamente el padre del separatismo, ha sido suficiente para desactivar una locura colectiva que los dirigentes políticos explotan en beneficio propio, a imagen y semejanza de lo que hizo durante tanto tiempo el patriarca. La riqueza espectacular acumulada por el clan Pujol durante 23 años de corrupción intensiva en los más altos escalones de la Administración no ha tenido una influencia apreciable en los ardores separatistas, puestos de relieve en las calles de Barcelona.
La buena noticia es que en Cataluña y en Madrid han adquirido carta de naturaleza sendas iniciativas para enfrentarse a las imposiciones del separatismo, denunciar sus mentiras y tratar de impedir sus tropelías. Tanto Sociedad Civil Catalana en Tarragona como la plataforma Libres e Iguales en la capital de España dieron la réplica a la algarada secesionista, con dos actos públicos en defensa de la nación española y la legalidad democrática. Es la respuesta de la sociedad civil a un problema crucial para la supervivencia de nuestro país que ha desbordado por completo al Gobierno, a pesar de que Rajoy y sus ministros afirmen tener controlada la situación. Al parecer, el presidente tiene guardada un arma poderosa con la que el problema separatista quedará convenientemente solventado antes de que la fuerza de los hechos lleve a la población de Cataluña a un enfrentamiento civil.
Mientras tanto, el Gobierno sigue dispuesto a negociar con los que, ya sin el menor embozo, han puesto de manifiesto su decisión de destruir España; una colaboración contranatura que convierte todavía en más valioso el ejemplo de las organizaciones civiles que han salido a la palestra a hacer lo que el Ejecutivo no se atreve siquiera a plantear.