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Conde o la lucha selectiva contra la corrupción

La dureza de la actuación policial contra Mario Conde contrasta con la actitud genuflexa de la judicatura en casos como el de los ERE o el del clan Pujol.

EDITORIAL
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La detención del expresidente de Banesto Mario Conde ha sido un nuevo golpe de efecto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que busca desde hace tiempo hacer patente que lucha contra la corrupción, convertida en uno de los principales baldones que pesan sobre su mandato. En este caso concreto, se trata de la corrupción que asoló España hace dos décadas, cuando el banquero era uno de los hombres más poderosos del país, tras poner a su servicio, utilizando el dinero de Banesto, a los principales medios de comunicación.

Conde, en libertad condicional por una condena de 20 años de cárcel, ha sido arrestado en compañía de varios familiares; todos están acusados de blanqueo de capitales, que tendría como fin saldar las abultadas cuentas pendientes de aquél con el fisco.

La detención de Mario Conde se produce en medio de la tormenta mediática desatada con la publicación de los llamados Papeles de Panamá, millones de documentos de un bufete del país centroamericano en los que aparecen figuras importantes de la política, la realeza y las finanzas de medio mundo.

Conviene tener presente esta coincidencia en el tiempo a la hora de analizar la urgencia de detener a un personaje como Mario Conde, cuyas circunstancias procesales y su inanidad en términos de influencia pública no justifican el espectáculo de su arresto, que ha incluido el asalto policial a su vivienda y el habitual despliegue mediático cuando al poder político le interesa hacer patente su capacidad para llevar a cabo un escarmiento de alcance colectivo.

La dureza de la actuación policial contra Mario Conde, ordenada por el polémico juez Santiago Pedraz, contrasta con la actitud genuflexa de la judicatura en casos bien actuales como el latrocinio de los ERE andaluces o la cadena inacabable de chanchullos de la familia Pujol. En este último caso, el expresidente regional catalán y sus hijos están acusados de haber malversado y evadido miles de millones de euros. No hace veinte años, como Conde, sino hasta fechas muy recientes, como acreditan las investigaciones de la UDEF. Pues bien, ni el patriarca del clan ni sus vástagos han tenido que hacer frente a medida cautelar alguna, hecho escandaloso que pone en entredicho la independencia judicial, la igualdad de los españoles ante la ley y, por extensión, la calidad de nuestro Estado de Derecho.

Mario Conde tendrá que hacer frente a sus responsabilidades judiciales en este asunto de la repatriación de fondos de procedencia supuestamente irregular. Mientras ilustres acusados de delitos sustancialmente mayores, como los Pujol y los consejeros socialistas andaluces, campan a sus anchas en régimen de absoluta impunidad.

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