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El caso Pujol como moneda de cambio

Tal vez el envite nacionalista y la necesidad de alcanzar alguna componenda pueda explicar esta inacción de la Justicia ante el clan Pujol.

EDITORIAL
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Jordi Pujol Ferrusola declaró este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por espacio de cinco horas, al término de las cuales salió tan libre como entró y sin siquiera ser objeto de las medidas cautelares que imponen los tribunales en casos de similar gravedad. Al primogénito del clan Pujol se le imputan varios delitos por blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, en relación con las numerosas comisiones ilegales que sus empresas habrían recibido como parte del entramado delictivo organizado en torno al expresidente del Gobierno regional catalán. Pues bien, a pesar de la solidez de los indicios criminales señalados por la unidad especializada de la Policía y el volumen espectacular de dinero que, como integrante del clan familiar, el declarante ha estado manejando en circuitos opacos al Fisco todos estos años, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado solicitaron al magistrado la adopción de medidas restrictivas de sus movimientos, mucho menos su ingreso provisional en prisión.

El precedente más inmediato sobre corrupción política al más alto nivel lo encontramos en el caso Bárcenas. En esa ocasión el Partido Popular necesitaba dar una imagen de firmeza que frenara la oleada de críticas que soportaba. Casualmente o no, lo cierto es que el extesorero del PP fue enviado a prisión, donde sigue más de un año después. Lo paradójico es que, en un caso mucho más escandaloso, en virtud de la cantidad de dinero que podría haber sido sustraída y la dimensión política del principal inculpado, la Justicia haya decidido permitir la libertad de movimientos de uno de los presuntos implicados en la trama delictiva.

La afrenta a todos los españoles que representa este tipo de actuaciones judiciales se agrava por la manera en que se está actuando contra los ciudadanos desde que arreció la crisis. Las constantes subidas de impuestos a todos los contribuyentes y la persecución implacable de Hacienda, especialmente sañuda con los profesionales y pequeños empresarios, pone aún más de manifiesto la doble vara de medir del Gobierno y la Justicia cuando se trata de aplicar la ley en materia fiscal.

El trato otorgado a los miembros del clan Pujol, cuyas andanzas escandalosas ya fueron detectadas en 2002 por Cristóbal Montoro, según su propia confesión en el Parlamento, sólo encuentra parangón con el que se ha dispensado a la infanta Cristina y a su marido en el denominado caso Urdangarín. Tal vez el envite soberanista y la necesidad del Gobierno y el partido de Pujol de llevar a cabo alguna componenda de última hora, antes de la fecha prevista para el referéndum ilegal, pueda explicar esta clamorosa inacción de los poderes públicos.

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