Ya resulta una vergüenza que el Ministerio Fiscal no haya acompañado una sola de las numerosísimas denuncias que se han presentado contra el Gobierno y las autoridades sanitarias por su nefasta decisión de permitir y alentar manifestaciones cuando ya disponían de informes que les advertían del riesgo de contagio por el coronavirus, así como por la negligente y presuntamente corrupta adquisición de material sanitario una vez declarado el estado de alarma. Claro que si se tiene en cuenta algo tan sumamente escandaloso como el hecho de que el cargo de fiscal general del Estado lo ocupe una exministra del anterior Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, reprobada además en su día en el Congreso por sus nauseabundas conversaciones con el comisario Villarejo, no ha de extrañar tanta pasividad y condescendencia ante lo acontecido y denunciado.
Pero todavía más bochornoso resulta el recurso de apelación que acaba de presentar la Abogacía del Estado contra el auto de la magistrada Rodríguez-Medel que dio inicio al procedimiento contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación feminista del 8-M en la capital, en plena expansión del coronavirus. Como si de una abogada del Gobierno –que no del Estado– se tratara, la firmante del recurso de apelación, Rosa María Seonae, arremete contra la juez acusándola de abrir una "causa general" contra el Ejecutivo en la que se "vulneran las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma" con el fin de recabar indicios, así como de iniciar un proceso penal movida por meras "sospechas" e "hipótesis".
Si se considera que fue la propia juez quien, en el auto de admisión a trámite de parte de la denuncia, rechazó parte de la misma por ir dirigida no sólo contra el delegado en Madrid, sino contra el presidente del Gobierno (como tal, aforado ante la Sala de lo Penal del Supremo) y contra los demás delegados del Gobierno, sobre los que tampoco tenía competencia –en este caso, territorial–, cabe hacerse una ajustada idea de lo injusto que es el reproche de la abogada del Estado que no se comporta como tal.
Si Rodríguez-Medel admitió a trámite la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, sobre el que sí tenia competencia por no estar aforado, fue por la multitud y no por la falta de indicios de posible prevaricación administrativa en la no desautorización de la manifestación del 8-M, teniendo presente el informe sobre el covid-19 de fecha 2 de marzo emitido por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, en el que claramente se advertía contra ese tipo de concentraciones.
Este procedimiento, las múltiples querellas que ya se han presentado contra el presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo y la que el Consejo de Enfermería ha interpuesto contra el Ejecutivo y las autoridades sanitarias tienen todos los visos de ser refundidos en el futuro en un único procedimiento, que podría ser mal entendido como una 'causa general contra el Gobierno'; pero en caso de que así fuese no sería por voluntad de la juez Rodríguez-Medel, sino por razones procesales y porque así lo quieran los denunciantes, que se sienten víctimas de la negligencia del Ejecutivo.
Lo que no se puede pedir a una juez que investiga un comportamiento presuntamente ilegal de un acusado en su labor como delegado del Gobierno es que no investigue ni le pregunte qué información disponía del Gobierno en torno al riesgo que podrían entrañar manifestaciones como la que recorrió la capital el 8-M. Eso sería tanto como extender el aforamiento del presidente del Gobierno al delegado del Gobierno en Madrid.
En cualquier caso, tampoco ha de sorprender este bochornoso recurso de apelación de la Abogacía del Estado, pues lo firma Rosa María Seonae, la abogada del Estado del procés tras la destitución de Edmundo Bal, por no haberse plegado este a las directrices del Gobierno destinadas a retirar los cargos por rebelión contra los acusados del 1-O.
Con todo, confiemos en que, por el bien de la Nación y su Estado de Derecho, lo que quede de independencia judicial proceda en consecuencia; para que nadie se crea que está por encima de la Ley. Empezando por el Gobierno.