"Parece que sí hubo algún fallo", es la conclusión a la que ha llegado el ministro del Interior sobre el dispositivo policial para controlar las marchas antisistema del pasado sábado en Madrid, saldadas con 67 policías heridos, algunos de los cuales salvaron la vida de milagro. "Algún fallo" debe de haberse producido, sí, cuando la Delegación del Gobierno en Madrid y la Dirección General de la Policía andan enzarzados en un bochornoso cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de un operativo que dejó inermes ante una turba de radicales violentos a centenares de policías, a los que se había ordenado no emplear todos los recursos a su disposición para reprimir este tipo de agresiones, tal y como han denunciado los sindicatos policiales.
Lo ocurrido en Madrid este fin de semana no puede achacarse, como sugiere Jorge Fernández, a un mero problema de comunicación entre las distintas instituciones responsables de la seguridad ciudadana. La verdadera causa de la penosa imagen del Gobierno a lo largo de esta semana radica en la incapacidad del ministro para ejercer las responsabilidades de su cargo, insolvencia que ha acreditado en numerosas ocasiones.
El más reciente fallo de Jorge Fernández hay que situarlo en los problemas a los que han tenido que enfrentarse las Fuerzas de Seguridad destacadas en Ceuta y Melilla para controlar los asaltos ilegales a territorio español. Al margen del oportunismo inconsciente de la comisaria europea del ramo y de la habitual falta de escrúpulos del PSOE para utilizar políticamente cualquier desgracia, es evidente que la imprevisión del ministerio en un asunto como la inmigración ilegal africana ha agravado un problema que, a la vista de la enorme concentración de subsaharianos en la frontera, tenía que estallar de un momento a otro. A esto hay que sumar el episodio lamentable de la operación contra el llamado frente de cárceles de ETA desarrollada el pasado mes de enero, que el ministerio filtró a los medios antes de que se produjera la entrada de la Guardia Civil en un local de Bilbao donde estaban reunidos los proetarras, lo que les dio margen para que hicieran desaparecer pruebas que hubieran resultado de gran interés para la investigación judicial.
Rajoy debe de estar muy satisfecho con el desempeño de su amigo Jorge Fernández en el Ministerio de Interior. Similar opinión debe de tener la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, encargada de coordinar a los miembros del Gabinete, de la que no hemos escuchado ni una sola palabra. Con García Margallo disparatando de continuo en lo relacionado con el proceso secesionista catalán y Jorge Fernández revelándose claramente incapaz de ejercer con diligencia y pulcritud sus funciones, los departamentos de Interior y Exteriores se han convertido en dos graves problemas que Rajoy parece no tener el menor interés en solventar.
El caso del ministro de Interior resulta de la máxima gravedad, porque la primera obligación del Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos. No pueden justificarse sucesos como los acaecidos este fin de semana recurriendo a la existencia de determinados errores sin más precisión, sobre todo cuando son sólo el último jalón de una trayectoria más que lamentable. El fallo no es de comunicación. El fallo consiste en haber designado a alguien evidentemente incapacitado para manejar tal cartera. Alguien que ya debería haber dimitido o sido sustituido.