Por 106 votos a favor y sólo 28 en contra, correspondientes estos últimos al PP y a Ciudadanos, el parlamento de Cataluña ha aprobado la norma que permitirá a Artur Mas convocar su referéndum ilegal. Todos los partidos con representación en la cámara catalana, a excepción de las formaciones lideradas por Sánchez Camacho y Albert Rivera, dieron el pasado viernes su aprobación a una ley que supone un fraude desde su misma concepción, puesto que está destinada a dar cobertura jurídica a un acto político que vulnera la Constitución en su misma esencia. El apoyo de los partidos nacionalistas a la ley de consultas era lo esperado, puesto que llevan embarcados en la iniciativa soberanista liderada por Artur Mas desde el principio. El voto a favor de los diputados del PSC, en cambio, certificó que la franquicia catalana del PSOE está irremediablemente uncida a un proyecto soberanista, de una manera que probablemente acabará desembocando en su desaparición como fuerza política relevante en el panorama catalán.
El pretexto que los diputados del PSC esgrimieron para justificar su alineamiento con las fuerzas separatistas no pudo ser más insultante para sus votantes. Según explicaron tras la sesión parlamentaria, su apoyo a la ley de consultas no implica que defiendan un referéndum tal y como quiere convocarlo Mas, sino que obedece al hecho de que se trata de una norma que servirá para acercar la política al ciudadano sometiendo a debate público determinados asuntos de carácter meramente administrativo. Como les espetó Albert Rivera en su brillante intervención parlamentaria, los diputados socialistas catalanes son los únicos en toda España que no se han enterado que lo que pretenden Mas y Junqueras es llevar adelante una consulta ilegal con el objeto de declarar la independencia de Cataluña.
En realidad, la decisión del PSC fue una solución consensuada para evitar las deserciones de algunos de sus diputados, puestas de manifiesto una vez más dos días antes en una votación de apoyo al referéndum del 9 de noviembre. La consecuencia de todo ello es la constatación de que los socialistas catalanes llevan a cabo su propia estrategia política al margen del PSOE, cuyo flamante secretario general sigue siendo tan incapaz como sus antecesores de poner algo de orden en una federación que desde hace ya años ha abandonado toda disciplina orgánica.
Pero la debacle más que previsible de un partido que siempre concitó el apoyo de las capas obreras catalanas refractarias al nacionalismo no es la única consecuencia de esta deriva independentista del PSC. Lo realmente grave es que abona la incapacidad del PSOE de mantener un discurso nacional y pone todavía más de relieve la irresponsabilidad de Pedro Sánchez, líder de la segunda fuerza política del país, que ha adoptado una posición de equidistancia política entre los que dirigen, fomentan y apoyan la rebelión de la Generalidad, y el Gobierno de Rajoy al que acusan de "inmovilismo".
Entre un PSOE capaz de cualquier traición a los intereses generales para buscar lo que han dado en llamar "un nuevo encaje de Cataluña" y el Partido Popular, que al frente del Gobierno ya ha demostrado su disposición a aumentar los privilegios de los que ya disfruta la administración autonómica catalana a cambio de cierta paz a medio plazo, la defensa de la unidad territorial del Estado y la lealtad de sus instituciones autonómicas depende hoy de formaciones minoritarias, como puso de manifiesto el líder de Ciudadanos en su intervención parlamentaria del pasado viernes. Todo un ejemplo de un político comprometido con la defensa de la legalidad constitucional y de la igualdad de todos los españoles, que los electores catalanes de los dos grandes partidos españoles seguramente no van a olvidar.