El presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, Íñigo Urkullu, ha aprovechado el debate sobre política general del Parlamento de su región para avanzar en el proyecto secesionista de su partido, el PNV. Así, Urkullu ha exigido un nuevo estatuto que tenga rango "cuasiconstitucional" y posibilite una relación con el Estado basada en la "bilateralidad" y el "pacto".
En primer lugar, es necesario señalar que esa relación de bilateralidad ya opera en cuestiones de gran trascendencia. Sin ir más lejos, el controvertido y tremendamente injusto concierto es una suerte acuerdo bilateral al margen del régimen que rige para las demás CCAA, que resultan con ello gravemente perjudicadas.
Las exigencias de Urkullu al doctor Sánchez, cada vez más débil a causa de los escándalos sin cuento que le salpican, son la consecuencia previsible de cómo se está gestionando el desafío planteado por los colegas catalanes de Urkullu. La pinza de separatistas vascos y catalanes mete más presión a un Gobierno impresentable, con un presidente dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
Urkullu es consciente de esta realidad y, con el oportunismo propio del nacionalismo felón, está tratando de obtener nuevas concesiones de un Ejecutivo capaz de cualquier fechoría con tal de seguir gobernando a unos españoles a los que, desde una ridícula minoría que ni siquiera llega a los 90 diputados, se niega el primordial ejercicio del derecho al voto.
Sánchez cada vez se parece más al infame Zapatero; al punto de que se diría está siguiendo un plan para completar la rendición de España a los separatistas vascos y catalanes pergeñada por el indigno expresidente socialista.