Seguramente recuerden el asedio al Parlamento catalán de junio de 2011, en el que grupos radicales de extrema izquierda acosaron e incluso agredieron a parlamentarios catalanes hasta el punto de que el presidente de la Generalidad y otros representantes autonómicos tuvieron que acceder a la Cámara en helicóptero. Aquel bochornoso espectáculo fue, sin embargo, superado tiempo después por una sentencia de la Audiencia Nacional que absolvía a todos los acusados de todo delito con argumentos tales como éste:
Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír o para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica.
Pues bien, este disparate en forma de sentencia absolutoria ha sido, afortunadamente, anulado por el Tribunal Supremo en una sentencia en la que, tras estimar parcialmente el recurso de casación del Ministerio Fiscal, condena a tres años de prisión a ocho de los acusados por un delito contra altas instituciones del Estado.
La sentencia del Supremo, tras recordar que "la historia europea ofrece elocuentes ejemplos de cómo la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo", acusa a los magistrados que dejaron impune el asedio de haber "relativizado el significado jurídico de los acontecimientos" y de "banalizar el significado de los principios y valores sobre los que se asienta el sistema democrático".
Conviene destacar que los dos magistrados de la Audiencia Nacional que absolvieron a los energúmenos que asediaron el Parlamento autonómico -Manuela Fernández de Prado y Ramón Sáez Valcárcel- son los mismos que, de forma no menos contraria a Derecho, dejaban el pasado mes de diciembre en libertad al etarra Alberto Plazaola, facilitando así su fuga. Es, pues, la segunda vez en menos de una semana que el Tribunal Supremo enmienda la plana a estos jueces, caracterizados por un uso tan alternativo como torcido del Derecho.
Se dirá que errar es humano; pero cuando los errores son tan de bulto y acarrean tan graves consecuencias las instancias judiciales superiores no se deberían limitar a enmendar los entuertos, sino que deberían apartar de la carrera a los que los causan. Los jueces nunca pueden ser fuente de inseguridad jurídica, y ya es hora de exigirles responsabilidades a la hora de cumplir y hacer cumplir la ley.