A la vista del mutismo que está manteniendo ante el escandaloso asunto de los ERE fraudulentos, parecería que Pedro Sánchez está desperdiciando una oportunidad de oro para cortar ataduras con el pasado y dejar clara su voluntad regeneracionista al frente del nuevo PSOE. Con todo, más criticables resultan las declaraciones de otros destacados dirigentes socialistas -entre ellos el presunto implicado Manuel Chaves- en las que han vuelto a arremeter contra la juez Alaya, a quien acusan de estar al frente de un "proceso político" contra el PSOE andaluz.
Aunque sea evidente su dificultad para hacerlo, es lógico que Chaves trate de defender su inocencia, tal y como él y Griñán hicieron el pasado miércoles en Canal Sur; ahora bien, las declaraciones del expresidente andaluz de este jueves en la cadena SER contra Alaya van mucho más allá y vuelven a constituir un inadmisible cúmulo de calumnias contra una juez impecable que ha demostrado su probidad profesional y su independencia frente a todo tipo de presiones políticas.
Por mucho que Chaves haya expresado un hipócrita "respeto" a la Justicia y hacia la propia juez, decir que Alaya es poco menos que punta de lanza de un "proceso político" contra los socialistas y que “muchas de sus decisiones casualmente han coincidido con acontecimientos políticos del PSOE” andaluz es tanto como insinuar o proclamar abiertamente que ha prevaricado.
La realidad, sin embargo, es que la única confabulación política de la que cabe hablar es la que hizo posible la institucionalizada malversación de fondos públicos que constituye el caso de los ERE. Tal y como señala la juez en su escrito enviado al Supremo, el caso de los ERE constituye una autentica trama institucionalizada para cuya puesta en marcha la Junta hizo caso omiso de las reiteradas quejas y reconvenciones de la Intervención General y abusó de una figura presupuestaria excepcional, las transferencias de financiación, con el fin de repartir dinero a discreción.
Pretender, como asegura Chaves, que el asunto se reduce a que "uno o unos pocos colaboradores" suyos defraudaron algún dinero público no se sostiene, si tenemos en cuenta que la malversación fue de tal envergadura que produjo un agujero presupuestario de 100 millones entre 2004 y 2005 y un déficit sistemático en los presupuestos autonómicos que impidió a Andalucía cumplir su objetivo de estabilidad.
Por otro lado, Chaves asegura que ha recibido ningún dinero "ni en blanco ni en negro". Aunque fuera cierto y ni un solo céntimo de los cientos de millones de euros desviados hubiera ido a parar a su bolsillo, esto en modo alguno le libraría de su responsabilidad, dado que era el quien gobernaba cuando se tejió esa monumental red clientelar, a la que no fueron ajenos los sindicatos.
Algunos podrían pensar que su decisión de elevar la causa al Supremo, por la privilegiada condición de aforados de Chaves y otros siete altos cargos incriminados, iba a poner fin a la sucia campaña socialista contra Alaya. Está visto, sin embargo, que esta persistente arremetida contra la juez no deja de ser una forma de presión contra los magistrados del Supremo. Alaya la ha resistido. Confiemos en que hagan lo mismo los magistrados del Alto Tribunal.