El trato que María Isabel Rodríguez está dando a Eduardo Zaplana, en prisión preventiva desde hace ocho meses, parece más propio de un sádico que de un juez, y debería ser objeto de una investigación urgente y exhaustiva.
El exministro de Trabajo, exportavoz del Gobierno y expresidente de la Generalidad valenciana se encuentra en estos momentos ingresado en un centro hospitalario, donde los oncólogos tratan, no ya de mejorar su condición, sino de salvarle la vida, que está siendo puesta en grave riesgo de la más escandalosa de las maneras.
Los facultativos han advertido claramente, nada menos que en dos informes, ambos en poder de la juez, de que la vuelta a prisión de Zaplana con carácter urgente, como sañuda pide Rodríguez, puede perfectamente saldarse con la muerte del exdirigente popular, que, lejos de ser un despiadado asesino con condena en firme como el terrorista Bolinaga, graciosamente excarcelado para consternación de buena parte de la sociedad, es un preso preventivo, es decir, un ciudadano inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal que no presida alguien de la catadura de Rodríguez, cuya imparcialidad no puede ser más puesta en duda.
Es necesario insistir: el encarnizamiento con que Rodríguez viene persiguiendo a Zaplana ha de ser objeto de una investigación urgente y exhaustiva. El que fuera portavoz del Gobierno en tiempos de Aznar se encuentra, en efecto, en prisión preventiva, medida de extrema gravedad que la Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva para tres situaciones perfectamente tasadas: riesgo de fuga, reiteración delictiva o destrucción de pruebas. Evidentemente, nadie con el calamitoso estado de salud de Zaplana está en condiciones de fugarse de ningún sitio. Evidentemente, Zaplana no está en condiciones de incurrir en los ilícitos penales de que se le acusa porque, como ha señalado el abogado José María de Pablo, "no ocupa ningún cargo público desde el que volver a cometer los hechos que se le imputan". Evidentemente, Zaplana, que lleva nada menos que ocho meses encarcelado, no está en condiciones de destruir prueba alguna ni en su domicilio ni en su despacho, que ya han sido exhaustivamente inspeccionados.
Nada hay que justifique la desalmada actitud de Rodríguez, por más que la Audiencia Provincial de Valencia la haya dado por buena en dos autos bochornosos que convierten a sus firmantes en cómplices de aquélla. Urge que el Consejo General del Poder Judicial tome cartas en este escalofriante asunto y aparte del caso de manera inmediata a la juez Rodríguez, pues está en riesgo la vida de un individuo al que se está tratando como al peor y más peligroso de los criminales sin haber sido juzgado y condenado.
Zaplana está siendo tratado, sí, con una crueldad inexplicable, si no se quiere pensar en prevaricaciones especialmente aberrantes.