Las contundentes declaraciones que este miércoles ha hecho el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, sobre la falta de cooperación de la Agencia Tributaria con el juez Castro, instructor del caso Urdangarín, no vienen sino a reforzar las sospechas de que el Ministerio de Hacienda podría estar otorgando un inadmisible trato de favor a Doña Cristina con el fin de exonerarla de un posible delito fiscal. Recordemos que la Agencia Tributaria remitió el pasado lunes un escrito a Castro en el que prácticamente se limitaba a reiterar que para atribuir conducta delictiva a la infanta "no basta con que sea partícipe sino que se requiere una participación consciente como inductora o cooperadora".
No sabemos en qué se basa la Agencia Tributaria para atribuir tamaña inconsciencia a Doña Cristina, copropietaria al 50% de Aizoon, sociedad de la que era secretaria del Consejo de Administración, firmaba actas y redactaba el orden del día. Lo que sí sabemos es que la Agencia Tributaria se ha negado a aceptar al perito propuesto por el juez Castro, y que el informe inicial que Hacienda incomprensiblemente no quiere someter a contraste no lo firmó, según denuncia Cruzado, ningún inspector ni técnico asignado al caso, sino que viene a ser una mera reproducción o copia del que hizo el abogado del Estado.
A la sospecha de que este informe del delegado especial de Hacienda en Cataluña, del que el juez Castro comprensiblemente no se fía, sea en realidad un informe a la carta para exonerar a la infanta se suma el hecho del desigual proceder que la Agencia Tributaria ha tenido en casos muy similares: pensemos, por ejemplo, en Antonia Martorell, esposa del exconsejero balear Bartomeu Vicens, que ha sido acusada de desfalco fiscal por ser copropietaria junto a su marido de la empresa pantalla con la que este, presuntamente, percibía comisiones ilegales y cobraba millonarios emolumentos por inexistentes asesorías. En este caso, la Agencia Tributaria sí solicitó el levantamiento total del velo societario y sí atribuyó el fraude cometido a los dos cónyuges, partícipes por igual. Y eso que, a diferencia de Cristina de Borbón, la esposa de Vicens era una mera ama de casa dedicada al cuidado de una hija enferma y no ostentaba cargo alguno en la empresa pantalla de su marido.
Si, a la luz de los hechos que nos ha ofrecido el caso Noos, se ha tenido la sensación de que no todos somos iguales ante la ley, ante la falta de auxilio judicial que la Agencia Tributaria está mostrando en este caso parecería que no todos somos Hacienda.