Ahora que Carles Puigdemont y sus cómplices han culminado su golpe de Estado con la proclamación de la república catalana en el Parlamento regional, el Gobierno ya no tiene ninguna excusa para poner en marcha el artículo 155 de la Constitución con todas sus consecuencias a fin de restablecer la legalidad y el orden. Contra la rebelión los separatistas, tan solo cabe firmeza en la aplicación de la ley por parte de todas las instituciones del Estado, empezando por el propio Gobierno de Mariano Rajoy, que, tras la autorización otorgada este viernes por el Senado, dispone de todos los mecanismos y herramientas a su alcance para frenar este atentado contra el Estado de Derecho y la democracia.
El 155 no puede emplearse ni de forma gradual, como pretenden algunos, ni con el único fin de convocar elecciones autonómicas cuanto antes, tal y como exige el PSOE. Muy al contrario, el citado artículo ha de concebirse como una oportunidad histórica para acabar de una vez con el cáncer nacionalista que ha hecho metástasis en buena parte de la sociedad catalana, pervirtiendo y corrompiendo el uso de sus estructuras políticas durante los últimos cuarenta años.
Por ello, lejos de intervenir superficialmente la Generalidad para tratar de celebrar unos nuevos comicios en el plazo máximo de seis meses, el Ejecutivo debería suspender la autonomía sine die, el tiempo que sea necesario para limpiar las podridas y totalitarias cañerías políticas, administrativas y sociales que han llevado al conjunto de los catalanes a esta trágica situación. Obviamente en sólo unos meses no se van a revertir los efectos de cuatro décadas de adoctrinamiento y control totalitario de la sociedad catalana. El primer y único objetivo de la intervención tiene que ser restablecer la ley, el orden y el marco constitucional, único garante de nuestros derechos y libertades como ciudadanos, y para lograrlo ha de emplearse el 155 con carácter indefinido hasta que, finalmente, se logre dicho cometido.
Solo así podrá solventarse el problema catalán, puesto que la alternativa de unas elecciones a corto plazo supondría, simplemente, un breve y absurdo paréntesis en la profunda y larga crisis que han desatado los separatistas catalanes en los últimos años. En tal caso, activar el 155 no tendría ningún sentido. Además, el Gobierno no sólo goza de un amplio apoyo parlamentario para su aplicación, sino que también cuenta con el respaldo del pueblo español, con el Rey Felipe VI a la cabeza, que no está dispuesto a ceder al chantaje de Puigdemont y sus secuaces, y con el respaldo incondicional de la UE, como dejaron claro sus tres máximas autoridades en la entrega de los Princesa de Asturias, y el resto de países aliados. Nunca antes se ha tenido una oportunidad igual para vencer al nacionalismo. Desaprovecharla, con una convocatoria inmediata de elecciones, sería un error histórico imperdonable y de consecuencias probablemente ya irreversibles.
Y todo ello sin excluir la posibilidad, perfectamente legal y legítima, de recurrir al Ejército para garantizar la unidad y la soberanía nacional, el Estado de Derecho y la democracia, tal y como reza la Constitución, pues este y no otro es el principal cometido de las Fuerzas Armadas. Los grandes países lo son porque hacen lo que deben sin importar lo que piensen los demás. Ha llegado la hora de defender el marco constitucional frente a los golpistas. Hágase, ¡hasta el final!
Post Scriptum: Efectivamente, cómo nos temíamos, Mariano Rajoy acaba de anunciar la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas, en un error histórico imperdonable y de consecuencias probablemente ya irreversibles.