Todos, y más que nadie sus propios miembros y sus votantes, sabemos bien quién es Amaiur y a quién representa en las instituciones. Es más, podemos decir sin ningún género de dudas que lo hemos sabido siempre, pero aunque no fuera así los dirigentes de la coalición proetarra se han encargado de recodárnoslo continuamente: con su actitud ante las víctimas, con sus palabras y su silencio a la hora de condenar la violencia terrorista, incluso con sus falsos ayunos.
Por esta razón, sabiendo lo que todos sabemos, las subvenciones que recibe Amaiur de los impuestos que pagamos los españoles resultan una broma macabra, que no tiene ninguna gracia y que, más bien al contrario, son una ofensa grave no sólo para las víctimas del terrorismo, sino para todos los que creemos importantes conceptos como la Justicia, la dignidad de las instituciones y el Estado de Derecho.
Una broma macabra y de mal gusto que, sin embargo, es el broche de oro a un proceso infame, y en cuyos detalles encontramos el mejor ejemplo de la vergüenza de la operación de blanqueamiento diseñada por Zapatero y Rubalcaba, pero que Rajoy no se ha molestado en desmontar: pagamos a quienes representan y defienden a ETA en las instituciones… para que se protejan de los posibles atentados de ETA, esos atentados que, por cierto, jamás han condenado.
El Gobierno aduce que "es la ley", pero resulta una excusa muy poco convincente después de 18 meses de mayoría absoluta: si esa es la ley tiempo han tenido de cambiarla, como tiempo han tenido de instar a una ilegalización para la que hasta el Tribunal de Estrasburgo ha aportado argumentos a un silente Ejecutivo.
Que entre todos paguemos la seguridad de Amaiur nos retrotrae a una etapa de nuestra democracia que estaba superada y debería seguir estándolo: aquella en la que las franquicias etarras apoyaban desde las instituciones los objetivos y los crímenes de los terroristas, aquella en que cada uno, HB o Batasuna y ETA, hacía su parte de un sucio trabajo.
Esta era la situación hasta que España supo dotarse de las herramientas para que, siempre desde la legalidad, los terroristas no se sirvieran de las instituciones para reventar la democracia desde dentro. Y gracias a esas herramientas –y, por supuesto, al excelente trabajo de las fuerzas de seguridad– la banda asesina llegó a una situación límite, tanto política como operativamente.
Ahora, y de nuevo con el PP en el poder y de nuevo con mayoría absoluta, seguimos esperando que ese camino, desandado de forma irresponsable por Zapatero y los suyos, vuelva a surcarse con paso firme, tan firme como el que tuvo aquel PP liderado por José María Aznar y por Mayor Oreja a los que ahora la cúpula popular mira con desconfianza en lugar de pedir consejo.