Los actos de conmemoración del Día de la Constitución han estado marcados este año por las cautelas imprescindibles impuestas por la pandemia vírica, que impiden la organización de actos multitudinarios, pero también por el grave deterioro de las instituciones democráticas provocado precisamente por el Gobierno de la Nación.
Al margen de la situación excepcional provocada por el Covid-19, lo más destacado de este aniversario de la aprobación de nuestra Carta Magna es que se produce cuando pesan sobre ella las mayores amenazas por parte del Gobierno socialcomunista y sus aliados, concentrados todos ellos en hacer saltar por los aires el consenso constitucional del que ayer se cumplieron 42 años.
Estamos, por tanto, ante un Gobierno arrastrado ante los peores enemigos de la Constitución, que están consiguiendo progresivamente su objetivo declarado de dejar sin efecto nuestra Carta Magna y poner en marcha un cambio de régimen sin necesidad de alcanzar la mayoría cualificada que se requiere para una reforma de tal trascendencia.
Pero lo más grave es que Sánchez no ha aceptado los apoyos separatistas acuciado simplemente por la necesidad de aprobar leyes importantes como la de los presupuestos generales del Estado, sino que todo obedece a una estrategia más profunda liderada por el Gobierno para dinamitar nuestro actual sistema de libertades y dar lugar a un nuevo régimen en el que solo pueda gobernar la izquierda.
No es casual que los peores ataques a la Corona, símbolo de la unidad y permanencia del Estado como proclama la Constitución, ya no provengan de personajillos exaltados pertenecientes a partidos y grupúsculos secesionistas, sino que estos se producen en el seno mismo del Gobierno por parte de su vicepresidente y principal sostén. Tampoco son fortuitas las concesiones al separatismo que desguazan los elementos nucleares de la unidad de la Nación, como el hecho de que la lengua española deje de utilizarse en la enseñanza en algunos territorios o que el mismo Gobierno asegure, muy ufano, que cambiará las reglas del juego para la renovación de la cúpula judicial con el apoyo de estas fuerzas secesionistas, una afirmación que ha escandalizado profundamente a las autoridades europeas, hasta el punto de verse obligadas a mostrar públicamente su más abierto rechazo a estos métodos de tinte bolivariano.
Todo ello tiene como consecuencia que la Constitución es, cada vez más, un papel mojado en manos de Sánchez y sus socios, que ni siquiera en el aniversario de su proclamación ocultan su deseo de acabar de un plumazo con el instrumento que ha permitido a los españoles el más largo periodo de concordia de nuestra historia reciente.