La candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, fue condenada en 1985 a 30 años de cárcel por ser cómplice de asesinato, tal y como ha desvelado El Español. Baeza participó en el asesinato de un joven que, presuntamente, la había violado, por lo que cumplió en prisión siete años de los 30 a que fue condenada.
Pero el hecho de tener antecedentes penales por delitos de tal gravedad no incapacita a los candidatos podemitas para representar a la formación ultraizquierdista, como hemos visto con el apoyo de Pablo Echenique a su candidata abulense. No es una novedad en el partido irano-chavista. El propio Pablo Iglesias presumió en su día de candidato en Jaén, Andrés Bódalo, condenado a tres años de cárcel por agredir a un concejal socialista y provocarle lesiones de distinta gravedad.
El trato amable de la izquierda y sus medios afines a los delincuentes de su cuerda contrasta con los ataques que sufren los políticos de los partidos rivales por faltas desde luego mucho menos graves que dar una paliza a un rival político o participar en un asesinato. Aquí hemos visto casos como el de Rita Barberá, perseguida con una saña inaudita hasta el mismo día de su muerte por una cuestión contable por importe de mil euros, y muchos otros políticos populares obligados a abandonar la vida pública por acusaciones de mucha menor enjundia que además, en no pocos casos, más tarde se demostraron infundadas.
Una sociedad que sanciona los delitos en función de la ideología del que los comete proporciona a la izquierda el caldo de cultivo apropiado para llenar las instituciones de personajes poco recomendables, como en el caso de la candidata podemita abulense. Esta doble vara de medir concede a los ultraizquierdistas el poder de determinar qué es moral o no en la vida pública, no para regenerarla, como reclaman con tanta grandilocuencia, sino para aplastar al rival imponiéndole unos estándares que muchos candidatos izquierdistas no podrían, ni por asomo, igualar.