Por bochornoso y clamoroso que sea el silencio que los dirigentes de UGT han mantenido ante la detención, el pasado martes, de dos sindicalistas por cobrar mordidas de los ERE en beneficio de dicho sindicato y de CCOO, peor aún ha sido la reacción de los barandas de este último: lejos de asumir la más mínima responsabilidad in vigilando o condenar los hechos, su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, y su máximo representante en Andalucía, Antonio Carbonero, han arremetido contra la juez Alaya y contra la forma en que se han producido las detenciones. Además de sostener que dichas detenciones constituyen una "redada mediática" que "no debería tener cabida en un Estado democrático", por ser más propias de “las brigadas de lo social" del franquismo, ambos sindicalistas han acusado a la juez de no “sustanciar sus actuaciones”; además, dicen estar seguros de que, a diferencia del extesorero del PP Luis Bárcenas, los sindicalistas detenidos “no han actuado en beneficio propio”.
Para empezar, la cobertura mediática que han tenido las detenciones del exdirigente de CCOO Roberto Carmona y del secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, es la propia de un Estado de Derecho donde impera la libertad de prensa, y no ha sido mayor –dicho sea de paso– que la que han tenido otras que sí han recibido el aplauso de los representantes sindicales.
En segundo lugar, en nada mitigaría la gravedad de los hechos el que la presunta mordida no fuera en beneficio propio sino que constituyera una "financiación irregular" de los dos grandes sindicatos, tal y como advierte Alaya en la instrucción que Fernández Toxo tanto finge desconocer.
Por otra parte, hay algo peor que actuar como "las brigadas de lo social", y es comportarse como chorizos y meter ilegalmente la mano en el bolsillo del contribuyente, tal y como presuntamente hicieron estos sindicalistas que tanto defiende Fernández Toxo.
Eso por no hablar de que si en España queda algún criticable vestigio del franquismo es la persistencia de unas organizaciones sindicales que no se sostienen por las aportaciones voluntarias de sus miembros, sino que viven a costa del forzado contribuyente. Esas subvenciones, así como el beneficio que los sindicatos paradójicamente obtienen de su intermediación en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo, seguirán teniendo, desgraciadamente, cobertura legal, pero no dejan de ser una corrupción estructural que ha terminado por pervertir lo bueno que en su día pudo tener y podría seguir teniendo el movimiento sindical.
Con todo, no son las subvenciones ni las retribuciones oficiales que los sindicatos perciben legalmente por su participación en la gestión de los despidos lo que ahora suscita la atención, sino las comisiones ilegales o las simples mordidas adicionales que los sindicalistas detenidos presuntamente cobraron en no menos fraudulentos expedientes de regulación de empleo con la finalidad de financiar irregularmente tanto a UGT y CCOO. Esto último no tiene la más mínima cobertura legal, por mucho que haya sindicalistas que consideren que sus envilecedores privilegios les dan derecho a todo.