La producción normativa del Ejecutivo social-comunista es fiel reflejo de su execrable fanatismo ideológico. Todas las leyes elaboradas en esta legislatura, aun las más inocuas en apariencia, llevan el sello indeleble de la coalición, sañudamente incompetente y sectaria.
La última de las propuestas de la banda de Sánchez tiene que ver con la gestión de los servicios sanitarios, competencia transferida desde hace más de dos décadas a las comunidades autónomas que, sin embargo, no va a escapar fácilmente del zarpazo del Gobierno más intervencionista y sectario de la historia democrática. El proyecto de ley de equidad sanitaria, que el Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento, es paradigmático del sometimiento social-comunista del orden legal a sus dogmas más demenciales y pone en el punto de mira la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.
De nada vale el éxito de esta fórmula de colaboración implantada en todos los países desarrollados, que proporciona calidad en la atención a un coste reducido y cuenta con la aprobación general de los usuarios del sistema público de salud atendidos en las entidades concertadas. La izquierda ha decidido que la única atención sanitaria de que dispondrán los ciudadanos con menos recursos sea la de los centros públicos, de manera que las instituciones privadas quedarán reservadas para aquellos que puedan pagar sus costosos tratamientos, empezando por los propios jerarcas izquierdistas.
Se trata de una ley que atribuye a los políticos la capacidad de vetar el concierto con centros privados. Los socios de Sánchez quieren acabar con cualquier posibilidad de que el Estado haga uso de los recursos de las empresas especializadas, a pesar de que eso supondría el colapso del sistema de atención especializada. Las listas de espera que han de sufrir los pacientes de la sanidad pública para acceder a ciertas pruebas diagnósticas se multiplicarían exponencialmente en caso de que solo los centros públicos estuvieran habilitados para practicarlas.
Dinamitar el único sistema de salud al que pueden acogerse las personas con menos recursos es perfectamente aceptable para esta banda de fanáticos si se preserva el mantra absurdo de que hay que fortalecer lo que ellos llaman "sanidad pública", cuando en realidad quieren decir "sanidad estatal". Porque también los servicios sanitarios de los hospitales y centros privados son de carácter público, en tanto que cualquier persona puede utilizarlos. La diferencia es que ahora acceden a ellos todos los ciudadanos, sea cual sea su poder adquisitivo, y si esta ley entra en vigor su uso quedará reservado a potentados como Carmen Calvo o los Bardem.