El clima de diálogo que parece haberse reestablecido entre el gobierno de España y el ejecutivo regional catalán no soluciona la grave crisis política desatada por el nacionalismo separatista. Los acercamientos informales con motivo de un acto privado –la boda de alcurnia entre los herederos de dos importantes dinastías catalanas- y los gestos de distensión representados en el parlamento por miembros del gobierno con el portavoz de CiU no van a zanjar el grave problema de fondo, pues el partido de Mas y sus socios nacionalistas continúan dispuestos a convocar una consulta que, sea cual sea el formato finalmente elegido, estará fuera de la legalidad.
Desde el gobierno se transmite el mensaje de que no autorizará el anunciado referéndum sobre la independencia de Cataluña, aunque será el Tribunal Constitucional el que deba pronunciarse al respecto frente a la negativa de Rajoy a tomar medidas ejecutivas de mayor calado. Pero si en la paralización de una disparatada consulta anticonstitucional y el correspondiente castigo a los incitadores el gobierno está mostrando una pasividad que cuestiona de raíz sus responsabilidades, la pretensión de premiar a los poderes que están en abierta rebeldía con un nuevo marco financiero aún más ventajoso del que ya disfruta Cataluña constituye un agravio intolerable que el resto de los españoles no tiene por qué asumir.
En esto consiste fundamentalmente el "canal de diálogo" que el gobierno de España pretende mantener abierto con nacionalismo "hasta las últimas consecuencias". Un diálogo destinado a contentar a una clase política catalana derrochadora y esencialmente corrupta, con el único fin de ganar tiempo hasta las próximas elecciones generales, sin que Rajoy se vea obligado a afrontar el desgaste que supondría hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional.
Con un partido socialista enfangado en su grave crisis interna e incapaz de poner orden en sus propias filas contra el disparate del llamado "derecho a decidir", al Partido Popular le toca hacer frente en solitario a la mayor amenaza para el vigente régimen constitucional, pero debe hacerlo sin menoscabar la soberanía nacional ni perjudicar los intereses del resto de regiones españolas como muchos dirigentes populares ya han denunciado. Para eso obtuvo el mandato de los españoles en las urnas, no para supeditar sus propios intereses electorales a un diálogo tramposo.