El discurso del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante la apertura del curso judicial, presidida por el Rey, ha servido para que PSOE y PP nuevamente se reprochen la situación de lamentable interinidad en que el órgano de gobierno de los jueces está instalado desde hace años; cruce de acusaciones que ya se produjo la semana pasada, cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo oponerse a que "los jueces elijan a los jueces".
La verdad es que Lesmes ha sido muy oportuno al lamentar la situación de interinidad del CGPJ y las declaraciones de quienes, para justificar los indultos a los golpistas del 1-O,
han llegado a contraponer la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la Justicia al aplicar la Ley, a la que todos nos debemos, fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas.
Si Lesmes, a la hora de avalar las sentencias sobre el 1-O, ha estado oportuno al recordar que "los jueces españoles también son jueces europeos y su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la perspectiva de su acogimiento a las normas internacionales y del Derecho europeo", no hubiera estado de más que también hubiera evocado nuestra pertenencia a Europa al aludir a la renovación del CGPJ. Así, podría haber leído el punto 46 (capítulo VI) de la recomendación del Consejo de Europa de 2010, que literalmente dice:
La autoridad [el CGPJ] que toma decisiones sobre la selección y carrera de los jueces debe ser independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Para garantizar su independencia, al menos la mitad de los miembros deben ser jueces elegidos por sus pares.
Eso, por no recordar las más recientes declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión Europea, y comisaria de Transparencia, Vera Jourobá; por no hablar del artículo 122.3 de la Constitución, que señala que, entre los 20 vocales del CGPJ, doce serán elegidos "entre jueces y magisttados de todas las categorías judiciales (…), cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado".
En este sentido, hace bien el PP en no desistir y en exigir como condición sine qua non la renovación del CGPJ por medio de una reforma de la ley que le haga recuperar la independencia perdida. A la postre, hay algo más lamentable que prolongar la situación de interinidad del Consejo: prolongar la designación política de todos sus miembros. Y es que, por si fuera poco lo que la dicen al respecto la Comisión Europea y la Constitución, bien se le podría recordar a los progresistas la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (art. 16), que tanto citan cuando les conviene:
Toda sociedad en la que no se encuentre asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes carece de Constitución.