Tal vez no haya habido un político en España que, en el ejercicio de su cargo como ministro de Hacienda, haya defraudado tanto a sus votantes como Cristóbal Montoro. Y no lo decimos sólo por la sorprendente voracidad fiscal que ha demostrado el otrora partidario de la reducción de los impuestos y del gasto público, también por las veces que ha adoptado una actitud amenazante hacia diversos colectivos –periodistas, actores, políticos de la oposición–, más propia de un sátrapa tercermundista que de un político liberal-conservador.
No menos decepcionantes y escandalosas han sido las numerosas filtraciones de investigaciones de Hacienda, que han violado el derecho a la intimidad de los perjudicados, o las veces en que técnicos de su Ministerio han cambiado de criterio respecto a lo que constituye un fraude fiscal, como sucedió clamorosamente en el caso de la Infanta Cristina.
No se sabe si para hacer olvidar todo lo anterior, o la no menos controvertida amnistía fiscal, a la que se acogieron en 2012 cerca de 30.000 personas, el ministro ha sometido a valoración del CGPJ el informe del anteproyecto de la ley orgánica sobre el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal.
Se dirá con razón que no es lo mismo publicar los nombres de los contribuyentes que están siendo investigados por Hacienda que, tal y como pretende el anteproyecto de ley, los de aquellos que, por sentencia firme de un tribunal, hayan sido condenados por un fraude fiscal. Con todo, el difícil equilibrio que debe mantener la lucha contra el fraude para no vulnerar derechos individuales al honor, a la intimidad y la protección de datos,debe ser establecido y dirimido por el Tribunal Constitucional, y no por un órgano consultivo como el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, ¿qué validez otorgar a la guía que ofrece este órgano consultivo –tanto o más politizado que cualquier tribunal, cuyos vocales y presidente son nombrados directamente por los partidos políticos– si, tras cuatro horas de deliberaciones, se divide por la mitad y tiene que ser el voto de Carlos Lesmes, en su calidad de presidente, el que dirima la cuestión?
Entiéndasenos bien. Nada tenemos a favor del fraude fiscal, pero lo tenemos todo en contra de la voracidad, casi confiscatoria, de este ministro y de que la lucha contra el delito se convierta en excusa para amedrentar o vulnerar los derechos del ciudadano. Tiempo habrá de ver perfilado el anteproyecto de ley, pero no sería la primera vez que los gobernantes apelan al interés general para vulnerar derechos individuales
A la espera de ello, sólo queda constatar que España, desde que Montoro es ministro de Hacienda, es un país más hostil para quien paga sus impuestos sin serlo tanto para el que elude esa obligación.