La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a casi todos los altos cargos imputados en el caso de los ERE, 19 de 21, haciendo suya la tesis de la Fiscalía respecto de la organización jerárquica de la trama, que algunos representantes del PSOE –incluidos algunos de los ahora condenados– tuvieron la desfachatez de presentar como obra de un puñado de golfos descontrolados. Pero las penas de entre 6 y 7 años de prisión que han recibido varios de los encausados, como el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y los exconsejeros regionales Antonio Fernández y FranciscoVallejo, no son precisamente severas, si se tienen en cuenta la prevaricación y la descomunal malversación de caudales públicos reveladas en este caso de corrupción –el más grave de cuantos se han juzgado en Europa– y las penas impuestas a ciudadanos de a pie por delitos mucho menos dañinos, como la elusión de impuestos.
La lenidad es aún más notoria cuando se repara en que otros acusados con no menos responsabilidades de gestión y de control de los fondos malversados han sido sólo condenados por prevaricación y sólo a penas de inhabilitación, como los para más inri ya jubilados Manuel Chaves, expresidente de la Junta y del PSOE; Magdalena Álvarez, exministra y exconsejera regional de Economía y Hacienda, y Gaspar Zarrías, exconsejero regional de la Presidencia. En la práctica, estos capos del corrupto socialismo andaluz se van de rositas.
Por otro lado, llaman poderosa y negativamente la atención las escasas reacciones políticas a esta sentencia. En el PSOE nadie quiere asumir la responsabilidad de este escándalo que debería ser demoledor para sus siglas. Sería injusto fijarse sólo en la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, y no recordar las innumerables veces que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado la "honestidad" y la "inocencia" de los ahora condenados Chaves y Griñán. Pero ni Sánchez ni Díaz se dan por aludidos; ellos, precisamente, que han cargado contra dirigentes del PP mucho menos vinculados a casos de corrupción mucho menos graves. Igualmente bochornosa está siendo la actitud de Pablo Iglesias, que parece no querer abrir los ojos desde que los cerró para fundirse en un abrazo con Sánchez tras la rúbrica de su infausto preacuerdo de Gobierno.
Tampoco tiene un pase el perfil bajo adoptado por PP y Ciudadanos. Habida cuenta de la dimisión de Albert Rivera, se entiende que haya sido Inés Arrimadas quien haya demandado "coherencia" a Sánchez y pedido veladamente su dimisión. Pero sin duda es bastante menos explicable que Pablo Casado no haya encabezado la reacción del PP: el supuesto líder de la oposición sigue en el mutismo en el que está instalado desde que tuvo conocimiento del pacto PSOE-Podemos.
Finalmente, y por mucho que haya quienes digan que esta sentencia dificulta los pactos de investidura de Sánchez, esta claro que estos –ya sean explícitos con la extrema izquierda podemita, ya sean implícitos con las formaciones secesionistas catalanas– incluyen un pacto de silencio ante cualquier escándalo que afecte al partido socialista.