Si en el editorial de ayer lamentábamos la demora en el inicio del juicio por el 1-O y el hecho de que Pablo Llarena hubiese concedido la libertad provisional a Jordi Turull sin haber renunciado el golpista a la actividad política –único ámbito en el que existía riesgo de reiteración delictiva por su parte–, hoy no cabe sino felicitar al juez instructor por una providencia que bien podría poner fin a los dos motivos de queja. Ciertamente, el auto de procesamiento, que se notificará este viernes a todas las partes, no sólo constituye el paso previo al esperado juicio, sino una oportunidad para que el juez reconsidere algunas de las medidas cautelares que adoptó en su día.
A este respecto, no tendría sentido alguno que Llanera mantuviese en prisión preventiva a Joaquim Forn, dado que renunció en enero a su acta de diputado, y, al tiempo, mantuviera en libertad provisional a otro golpista que, lejos de renunciar a nada, pretende incluso relevar al fugado Puigdemont al frente de la Generalidad, aupado por las mismas formaciones secesionistas que respaldaron la rebelión institucional objeto de juicio. Téngase en cuenta, además, que el tribunal puede aplicar el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que implica la suspensión automática para el ejercicio de cargo público a los investigados –en este caso, por rebelión– contra los que se haya dictado este tipo de auto y decretado prisión.
Con todo, parece que las formaciones secesionistas no tiran la toalla en su pretensión de colocar a cualquier golpista encausado como sucesor o testaferro de Puigdemont, para así explotar internacionalmente su victimismo. Buena prueba de ello es el surrealista pleno de urgencia –propio de una república bananera– que el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, ha convocado este miércoles, con ominosa nocturnidad, para investir este mismo jueves a Turull como presidente de la Generalidad.
Aun cuando los secesionistas lograran perpetrar tamaño fraude de ley, rehuyendo la preceptiva ronda de contactos con las formaciones constitucionalistas –una de las cuales, por cierto, fue la más votada en los comicios de diciembre–, la investidura exprés de Turull tendría escasísimo recorrido –salvo por sus engañosos fines propagandísticos– si el juez Llarena retiraraal golpista la libertad provisional que le concedió en diciembre, y con ello su recién estrenada condición de molt honorable.
Todas estas arteras maniobras de los secesionistas, lejos de reflejar el menor propósito de enmienda, demuestran que nos encontramos en la tercera fase del proceso secesionista iniciado en 2012. Es tan evidente como la falta de previsión de quienes perpetraron el temerario disparate de recurrir al artículo 155 sólo para convocar unas elecciones autonómicas.