Incluso en el mejor de los casos, y habría que ser ciertamente muy cándido para dar por buena esa versión de los hechos, las declaraciones de altos responsables de la Junta de Andalucía en el asunto de los ERE describen una Administración absolutamente caótica, en la que nadie parece enterarse de nada y, sobre todo, en la que los políticos pueden pasar años sin leer los documentos de un órgano de control tan importante como la Intervención.
Los hechos y las declaraciones de unos y otros dan bochornosa cuenta de uno de los escándalos más graves de la democracia; sus dimensiones son tan extraordinarias que el propio Griñán se ha visto obligado a reconocer "un gran fraude". Un gran fraude contra el que no luchó ni como consejero ni como presidente de la Junta; contra el que tampoco hizo nada su antecesor en este último cargo, Manuel Chaves; y contra el que tampoco está batiéndose su sucesora, Susana Díaz. Griñán y Chaves permitieron que los procedimientos irregulares se mantuviesen durante años; Díaz rehúye cumplir sus propias promesas y se escuda en peregrinos motivos técnicos para no hacer dimitir a dos individuos cuya responsabilidad política –y habrá que ver si también penal– es inmensa.
En estas circunstancias, resultan ridículas y casi ofensivas declaraciones como las de Díaz sobre su supuesta preocupación por "el sufrimiento de la gente". Una gente a la que la Junta que ella preside sustrajo centenares de millones que debían haber ido a parar, precisamente, a los que peor lo pasan: los parados a los que tenían que socorrer esos fondos.
Ridículo también resulta que Díaz y el PSOE se presenten como adalides contra una corrupción que como mínimo han permitido, muy probablemente han alentado y nunca jamás han combatido.
Por otro lado, y en esto no deben llamarse a engaño ni el PSOE ni ningún otro partido, las urnas no legitiman los delitos. Por muy espectaculares que hubieran sido los resultados de la formación de Díaz –que no lo fueron; de hecho, fueron los peores en términos porcentuales de su historia en unas autonómicas andaluzas–, jamás hubieran limpiado una hoja de servicios deplorable ni supuesto borrón y cuenta nueva alguno.