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Los perseguidores del español están en España, no en EEUU

Para que no parezca una desvergonzada infamia fruto de la más miserable hipocresía, el celo por el español que ha poseído a los odiadores de Trump debe dirigirse también y especialmente contra quienes lo proscriben en España.

EDITORIAL
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Como sucede siempre que se produce un relevo en la Presidencia de los Estados Unidos, la web de la Casa Blanca ha sido completamente renovada. Aún no se sabe cuál será su nueva estructura, pero ha llamado poderosamente la atención la ausencia de la versión en español, que enseguida se ha atribuido a la pretendida hispanofobia de Donald Trump, que se alzó con uno de cada tres votos latinos en las presidenciales de noviembre y obtuvo en este sector del electorado norteamericano más apoyo que su predecesor republicano en 2012, el afable Mitt Romney que se afanaba por chapurrear el español en alguno de sus mítines.

En España, el clamor ha sido generalizado y ha unido en un mismo grito a la extrema izquierda mediática y al Gobierno, así como al PSOE y al director de la Real Academia Española. El ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha proclamado que la de la Administración Trump no ha sido una "buena idea", mientras que su colega Rafael Catalá, titular de Justicia, ha sentenciado: "No tiene sentido". En cuanto al director de la RAE, Darío Villanueva, ha visto en lo sucedido un hecho "negativo" muy "significativo", una "regresión importante".

Conviene tener presente que EEUU es un país angloparlante en el que el español tiene un gran peso pero donde no tiene rango de lengua oficial. En el nuestro, del que toma su propio nombre, sí lo tiene, y la Constitución incluso habla del "deber" de conocerlo y el "derecho" a usarlo. Pero, como todo el mundo sabe, empezando por la extrema izquierda mediática y terminando por el Gobierno, pasando por el PSOE y la Real Academia, en España el español, la única lengua común de todos los españoles, está sometido a asedio desde hace decenios. Un asedio dictado, diseñado y alentado por instituciones del Estado.

En efecto: como saben la extrema izquierda mediática, el Gobierno, el PSOE y la Real Academia Española, el español es una lengua proscrita en la enseñanza en buena parte de España; el español es una lengua desterrada de callejeros y documentos oficiales, y hasta de la toponimia, en numerosos lugares de España. En España, poner un rótulo en español a un comercio español puede llevar a su propietario a soportar muy elevadas multas, y a sufrir el acoso de chivatos y matones subvencionados por instituciones del Estado. Todo esto, todos esos lo saben. Pero no se rasgan las vestiduras. Pero callan. Pero incluso justifican o aplauden a quienes cometen semejantes fechorías.

Para que no parezca una desvergonzada infamia fruto de la más miserable hipocresía, el celo por el idioma español que ha poseído a los odiadores del presidente Donald Trump debe dirigirse también y especialmente contra quienes lo proscriben en España. En cuanto al Gobierno de España, ese que quiere mercadear apoyos parlamentarios a cambio de que las Administraciones locales vascas puedan eludir el español en comunicaciones oficiales, antes de meterse a juzgar los movimientos que hace el Gobierno de un país angloparlante en sus primeros minutos de andadura debe cumplir su cometido primordial y cumplir y hacer cumplir las leyes españolas, empezando por las que instan a la utilización del español como lengua vehicular en la enseñanza. El Ejecutivo de Mariano Rajoy conseguiría así dos objetivos: cumpliría un mandato constitucional básico y dejaría de hacer el ridículo.

Un último apunte: la versión en español de la web de la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos de América volverá a estar disponible en breve, según ha informado el nada trumpista Washington Post este mismo lunes de tremenda excitación de los guardianes del español fuera de España, dando como fuente al propio portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

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