En ningún Estado de Derecho digno de tal nombre la salida de unos delincuentes de la cárcel podría depender en forma alguna de los acuerdos de investidura de un candidato a presidir su Poder Ejecutivo. Esto, sin embargo, es exactamente lo que pasa en España por culpa de una Justicia politizada hasta la médula y por la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez, dispuesto a negociar su investidura con los partidos a los que pertenecen buena parte de los condenados por el golpe de Estado del 1-O. Cómo sorprenderse, pues, de que las negociaciones entre el PSOE y ERC se desarrollen en función de la situación penitenciaria de los golpistas presos; o que la concesión del segundo grado a Oriol Junqueras y compañía haya coincido con las declaraciones de Pablo Iglesias en las que ha evitado apremiar a ERC para llegar un acuerdo que ya nadie considera se pueda alcanzar antes de las Navidades.
En cualquier caso, y por mucho que la excarcelación de los golpistas se haya ralentizado tanto como las negociaciones, que nadie se llame a engaño: los golpistas presos van camino del tercer grado como Sánchez va camino de la investidura gracias a la abstención de ERC, que desde el primer momento puso la excarcelación como condición sine qua non. De hecho, este martes el dirigente esquerrista Sergi Sabrià, al tiempo que decía respetar la concesión del segundo grado a los cabecillas del 1-O, advertía al PSOE que "el diálogo no puede ir acompañado de represión".
Hay que recordar que fue el propio Sánchez en funciones el que en su día no quiso poner obstáculos a futuras alianzas con los separatistas, por lo que instó, tanto públicamente como a través de la Abogacía del Estado, a la absolución de los golpistas por el delito de rebelión. Este criterio lo hizo bochornosamente suyo el Tribunal Supremo en una penosa sentencia que sólo los condenó por sedición y que, para colmo, les permitía acceder al tercer grado sin haber cumplido siquiera la mitad de la condena. Si a eso unimos el hecho de que Sánchez ya había autorizado el traslado de los criminales a cárceles catalanas dependientes de la misma Generalidad desde la que Quim Torra sigue adelante con el golpe separatista, era de esperar que las juntas de esas prisiones les concedieran enseguida el segundo grado, lo que les permitirá solicitar permisos de salida para "trabajar o hacer labores de voluntariado".
Así las cosas, no es de extrañar que Torra –cuyos correligionarios de JxCat se beneficiarán de las excarcelaciones de la misma forma que los de ERC– vuelva a presentar una moción para debatir la autodeterminación en el Parlamento regional de Cataluña; o que el Gobierno de Sanchez vuelva a reconocer como "interlocutor válido" a Torra, que sigue liderando desde la Generalidad el golpe de Estado en comandita con el golpista fugado, y autoproclamado "presidente de la República catalana en el exilio", Carles Puigdemont.
Las negociaciones para la constitución del Gobierno del Insomnio, presidido por Sánchez y vicepresidido por Iglesias o por Montero –tanto monta–, ya tuvieron un precedente en las que mantuvieron en su día en la cárcel Iglesias y Junqueras, por lo que es harto dudoso que Sanchez sea investido sin que salgan de prisión los presos a los que corteja.