Con ocasión de su bochornosa declaración ante Castro, sostuvimos en estas mismas páginas editoriales: "Más le hubiera valido a la infanta Cristina acogerse a su derecho a no declarar, tal y como el juez le ofreció al inicio del interrogatorio, antes que responder como lo hizo". Algo muy parecido viene ahora a considerar el propio juez Castro en el auto por el que sigue manteniéndola imputada por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales, y en el que afirma que "la actitud" de Doña Cristina "se aproximó en la práctica más al ejercicio del derecho a no prestar declaración que al de hacerlo".
Los cuatrocientos doce "no lo sé", los ochenta y dos "no lo recuerdo", los cincuenta y ocho "lo desconozco" y los siete "no me consta" de la infanta han llevado a Castro a tomar en consideración los "sobrados indicios" que apuntan a que la Infanta “intervino, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y de otra facilitando los medios para que lo hiciera su marido”.
Bien está el comunicado emitido por la Casa del Rey, en el que se expresa "pleno respeto a la independencia del poder judicial". Sin embargo, por mucho que este comunicado vaya en la línea de lo afirmado por Felipe VI en su primer y encomiable discurso como rey, y por mucho que contraste con anteriores y mucho más desafortunados comunicados de Zarzuela cuando la corona la ceñía Don Juan Carlos, lo cierto es que determinados organismos nada independientes del Gobierno, como la Fiscalía, la Abogacía del Estado o la Agencia Tributaria, parecen empeñados en no querer ver lo que la Doña Cristina no recuerda.
La ceguera voluntaria de estos organismos fundamentales es infinitamente más grave que la inverosímil e insultante desmemoria o desconocimiento que alegó la infanta en su declaración, y podría ser determinante para que no se sentara finalmente en el banquillo. Y es que, según la llamada Doctrina Botín, si la Fiscalía y los perjudicados directos del procedimiento –en el caso que nos ocupa, la Abogacía del Estado– se oponen a la imputación por delitos contra la Hacienda Pública, la infanta sólo podría ser juzgada por el de blanqueo de capitales. No obstante, habida cuenta de los cambios jurisprudenciales relativos a este último delito (STS 858/2013) y, sobre todo, las presiones de un Gobierno que ha traicionado su compromiso de restablecer la independencia del Poder Judicial, no debería extrañar que la Doña Cristina no termine sentándose en el banquillo.
Habrá que dar tiempo al tiempo para ver si el Gobierno de Rajoy mantiene torcido lo que el nuevo rey quiere ver enderezado. Pero ya resulta bochornoso que un medio de comunicación informara este miércoles de que la Fiscalía recurrirá de forma inmediata el auto del juez Castro, cuando todavía no se había hecho público.
Si, tal como afirmaba Alfonso X el Sabio, "los que dejan al rey errar a sabiendas merecen pena como traidores", no mejor consideración deberían tener los cortesanos que impiden a un nuevo monarca corregir errores ajenos y "velar por la dignidad de la Corona, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente".