Es cierto que el pleno del Tribunal Constitucional no ha podido ser más claro al anular por unanimidad la declaración soberanista aprobada por el Parlamento autonómico de Cataluña el 23 de enero de 2013, así como la celebración del referéndum secesionista prevista para el 9 de noviembre.
Ahora bien, no es menos cierto que los promotores del desafío separatista tampoco han podido ser más claros y rápidos a la hora de poner de manifiesto su desprecio y su nula voluntad de acatamiento respecto a la mencionada sentencia del Alto Tribunal. Así, el portavoz de CiU en el Parlamento regional, Jordi Turull, ha dejado bien claro que la sentencia no les merece "ningún respeto", al tiempo que ha insultado a los magistrados calificándolos de "agitadores políticos que han atizado la catalanofobia".
A nadie debe extrañar que el Tribunal Constitucional haya anulado una declaración y un referéndum tan radicalmente inconstitucionales; pero tampoco debería sorprender a nadie que los nacionalistas hagan caso omiso a sus sentencias: no se han embarcado en un proceso soberanista para luego sentirse subordinados a lo que dictamine la Justicia española. Su esperanza no ha radicado nunca en una sentencia que pudiera dar cabida jurídica a su proyecto de ruptura. Su esperanza radicaba y sigue radicando en un Gobierno que sea renuente a obligarles a cumplir la ley y las sentencias.
De nada, pues, sirven las resoluciones judiciales si luego no hay un poder Ejecutivo que obligue a su cumplimiento. Los nacionalistas han llegado hace tiempo a la convicción de que el presidente del Gobierno, antes que intervenir la Administración regional catalana en defensa del ordenamiento jurídico, está dispuesto a dejar impunes sus delitos de desobediencia y prevaricación, incluso a financiar, indirectamente, un costosísimo proceso de construcción nacional que, en caso contrario, abocaría a aquélla a la suspensión de pagos.
Los nacionalistas no son kamikazes, sino promotores de un proyecto separatista con el que creen que, con Rajoy al frente del Gobierno, no tienen nada, absolutamente nada, que perder. Saben que Rajoy no reconocerá efectos jurídicos a su carísimo y delictivo proceso de construcción nacional, pero que no les faltará impunidad ni financiación para llevarlo a cabo.
Los españoles –incluidos los catalanes– pueden, con esta sentencia, regocijarse tanto como con aquellas que han declarado inconstitucional la inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña. Pero mientras no haya un Gobierno central que las haga cumplir, serán papel mojado, para vergüenza de nuestro Estado de Derecho.
La oportunidad única que el Gobierno del PP constituye para los nacionalistas no la anula ningún Tribunal Constitucional, por muy unánimes que sean sus sentencias.