Como cada primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, los principales sindicatos han salido este lunes a las calles a plantear con histrionismo determinadas exigencias que tienen más que ver con los objetivos políticos de sus partidos afines que con los intereses reales de los trabajadores, que muy significativamente les dan rotundamente la espalda tanto cuando se trata de salir a la calle como, lo más importante, a la hora de afiliarse y pagar la correspondiente cuota para su mantenimiento.
El descrédito de UGT y CCOO, los sindicatos privilegiados por el Estado, no deja de agudizarse año tras año, como ponen de relieve la paupérrima asistencia a estos actos propagandísticos, que apenas se sostienen ya con la presencia de unos pocos miles de los denominados liberados; liberados de trabajar, entiende todo el mundo.
En consonancia con el agitprop de la extrema izquierda, igualmente copada por sujetos que tienen muy poca o ninguna experiencia directa del mundo laboral, los mensajes de los dos sindicatos se han centrado esta vez en denunciar los casos de corrupción del PP. El fervorín sindical sería creíble si no fuera por los tremendos escándalos que han protagonizado CCOO y, sobre todo, UGT en los años recientes. Ambas centrales sindicales son responsables directas del saqueo de centenares de millones de euros de los contribuyentes españoles, que han asistido atónitos a un continuo rosario de casos de corrupción como el de los ERE fraudulentos en Andalucía, el del robo sistemático en los cursillos de formación o el de la dimisión forzada de un histórico líder de la UGT tras acogerse a una amnistía fiscal para blanquear su fortuna.
El lema de la jornada de exaltación sindicalista ha sido "No hay excusas". Y, en efecto, no las hay. No hay excusas para seguir manteniendo con fondos públicos a estos dos mastodontes dedicados a hacer agitprop en lugar de a defender los intereses de los trabajadores. No hay excusas para que UGT y CCOO no se mantengan con las cuotas de sus asociados y se dediquen exclusivamente a intervenir en las negociaciones con las empresas en defensa de los intereses de sus afiliados. No hay excusas, en fin, para que, de una vez, España abandone desfasadísimo modelo sindical que padece y comience a contar con sindicatos profesionales que ejerzan su función sin expoliar las arcas públicas.
No hay excusas; pero los sindicatos privilegiados, el Gobierno y el resto de la clase política encontrarán alguna para seguir esquilmando el bolsillo del contribuyente y avergonzando a la ciudadanía.