Vaya por delante que lo que Cataluña necesita no son unas nuevas elecciones autonómicas –no hay comunidad autónoma que haya celebrado tantos comicios en menos tiempo–, sino que su Administración regional sea sometida a una larga y auténtica intervención por parte del Gobierno central; intervención que, al abrigo del artículo 155 de la Carta Magna, restablezca el orden constitucional, clamorosamente subvertido durante estos ocho años de procés separatista. Mientras haya redes clientelares pagadas con dinero del contribuyente que trabajen por la ruptura; mientras sigan en pie estructuras ilegales para la consolidación de un Estado catalán; mientras la educación y los medios públicos de comunicación sigan al servicio de los dinamiteros de la Nación y del Estado de Derecho, esos nuevos comicios no serán más que una mascarada para encubrir el intolerable escándalo de la independencia de facto que en tan gran medida padece Cataluña.
Ahora bien, no hay que confundir los deseos con la realidad. Y la realidad es que Pedro Sánchez, que se presentó a las elecciones proclamando su disposición a intervenir la Generalidad en rebeldía, prometiendo detener al golpista prófugo Carles Puigdemont y rechazando pactos de gobierno con la extrema izquierda podemita y los separatistas, ha terminado comprando su poltrona a los enemigos del orden constitucional y desdiciéndose de todos sus compromisos para el restablecimiento de la legalidad en Cataluña.
La realidad es que el golpista Quim Torra, a pesar de haber sido condenado a inhabilitación por un delito de desobediencia, sigue estando al frente de la Generalidad, haciendo caso omiso al artículo 67.2 del estatuto de autonomía catalán, que exige que el presidente regional sea diputado del Parlament. Por cierto, el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, continúa perpetrando un clamoroso delito de desobediencia al negarse a derogar resoluciones ilegales de la misma como las que se evacuaron contra el Tribunal Supremo y el Rey y a favor de la autodeterminación y de los golpistas presos.
La realidad es que el presidente del Gobierno sigue dando legitimidad al golpista que ocupa ilegalmente la presidencia de la Generalidad, con quien se reunirá la semana que viene. Torra, por su parte, ha anunciado nuevas elecciones autonómicas; elecciones que, con independencia de los transitorios desencuentros entre JpC y ERC, están destinadas a fortalecer el liberticida procés separatista.
Ante este escenario, resulta imperativo que las formaciones constitucionalistas constituyan un frente común, tanto para recabar el auxilio de los tribunales como para concurrir juntas a las próximas elecciones catalanas. A este respecto, es una espléndida noticia la aparente disposición de Ciudadanos a formar una coalición electoral con el PP. Ahora bien, este encomiable deseo de unidad quedaría cojo si no se extendiera a Vox, tercera fuerza política nacional, que ya superó en votos a Ciudadanos en Cataluña en las ultimas elecciones generales. Vedarse cualquier acuerdo preelectoral o postelectoral con un partido de acreditada lealtad constitucional como el que preside Santiago Abascal sería reincidir por parte de Ciudadanos en una mezquindad y en una estupidez lesivas para el constitucionalismo y que de hecho no se pueden permitir los de Inés Arrimadas.
Confiemos, pues, en que los tres partidos constitucionalistas que combaten la felonía de Sánchez ante el desafío separatista sean conscientes de que lo que les une es mucho más que lo que les separa. Y en ningún sitio es esto más evidente que en Cataluña.