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EDITORIAL

Sánchez ampara la violencia podemita

Sólo en las dictaduras se organizan operaciones de violencia callejera desde el poder para amedrentar a los adversarios del Gobierno

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Ayer se cumplió el sexto día consecutivo de disturbios callejeros alentados desde el Gobierno por Podemos, lo que convierte al Ejecutivo de Sánchez en una anomalía democrática sin parangón en el mundo desarrollado. Sólo en las dictaduras se organizan operaciones de violencia callejera desde el poder para amedrentar a los adversarios del Gobierno, otra línea roja que el sanchismo ha atravesado sin otro matiz que un leve reproche por parte del presidente del Gobierno, tres días después de que comenzaran a arder las calles de Barcelona y Madrid.

Los disturbios se han extendido a otras grandes ciudades españolas, orquestados por grupos de terrorismo callejero de filiación izquierdista perfectamente organizados. A los ataques a las fuerzas policiales se suma ahora el saqueo de comercios de lujo, algo habitual cuando la izquierda toma las calles con esa imagen tercermundista, que califica perfectamente a los que promueven este tipo de acciones violentas contra la propiedad privada.

Ante esta oleada de violencia ultraizquierdista alentada por los dirigentes podemitas, la reacción del Gobierno no ha podido ser más tibia.  No es ya que Sánchez sólo haya pronunciado una discreta censura a los tres días de comenzar las revueltas, valorando los ataques callejeros de la ultraizquierda como una protesta por la libertad de expresión. También el resto del Gobierno se ha sumado a esta disculpa implícita de la violencia sustentada por sus socios, comprometiéndose a revisar la sentencia del rapero leridano y las leyes relativas a la libertad de expresión, como si el destrozo de comercios en protesta por el encarcelamiento de un delincuente contumaz fuera la expresión civilizada de una ciudadanía comprometida, que busca simplemente mejorar la actual legislación.

Sánchez sume a España, una vez más, en el bochorno internacional, apoyando a sus socios radicales sin los cuales no podría mantenerse en la poltrona. Por eso resultan de gran importancia iniciativas como la de la exdiputada europea Rosa Díez, que ha informado detalladamente por escrito a las autoridades europeas de esta colaboración del Gobierno en la oleada de violencia callejera que asuela las grandes ciudades españolas.

Porque el problema de España no es que un partido de filiación narcochavista esté alentando estas revueltas, sino que lo está haciendo desde el Gobierno de la Nación, mientras el presidente mira hacia otro lado y su partido guarda silencio para tratar de conservar el poder.

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