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EDITORIAL

Sánchez, Aragonès y la gravedad del esperpento

Para Sánchez no hay interés más sagrado que seguir en la poltrona, aun aupado por la canalla separatista.

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No se puede negar que la clamorosa división que vive el frente separatista en relación a lo que el Gobierno llama eufemísticamente "mesa de diálogo" y los secesionistas califican, con más exactitud, de "mesa de negociación" resulta algo esperpéntica, al tiempo que quita seriedad a ese proceso institucionalizado de felonía inaugurado este miércoles en Barcelona por Pedro Sánchez y Pere Aragonés, y por el que los nacionalistas pretenden embarcar al Gobierno de central en el ilegal proceso separatista iniciado en Cataluña en 2012.

No obstante, tanto la división entre ERC y Junts per Catalunya como la no menos positiva noticia del creciente desdén de los jóvenes catalanes por la independencia no deberían restar un ápice de gravedad a la infame interlocución que el Ejecutivo central está brindando a un Ejecutivo autonómico en rebeldía. Así, Pere Aragonés no sólo no se retracta de las consultas secesionistas del 9-N (2014) y del 1-O (2017), sino que adquirió el compromiso público en su discurso de investidura de "culminar la independencia de Cataluña". A este respecto, no sería la primera vez que los separatistas superasen sus enfrentamientos, como de hecho han venido haciendo de forma recurrente desde los tiempos de Artur Mas; y tampoco hay que olvidar que el proceso secesionista no fue nunca una demanda que la sociedad catalana reclamaba a sus elites políticas sino, por el contrario, una pretensión de las elites nacionalistas que han sabido en gran medida inocular a la población mediante la propaganda y un ejercicio de ingeniería social tremendo.

Con estos precedentes, el único diálogo que debería entablar con Aragonés un presidente del Gobierno de España, responsable y fiel a su promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, debería ser el destinado a conseguir un compromiso público y verificable del presidente de la Generalidad de acatar el orden constitucional, so pena de suspender de forma indefinida la Administración autonómica en rebeldía, en aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Por el contrario, Sánchez acepta negociar con quienes públicamente no tienen más objetivo que lograr la complicidad y condescendencia del Gobierno central a la amnistía y a la celebración de un nuevo y no menos ilegal referéndum de independencia. El hecho de que, en este encuentro bilateral, como si de dos jefes de Estado se trataran, se haya vivido además un episodio tan bochornoso como la retirada de la bandera española en la comparecencia de Aragonés no es más que la guinda de un pastel, todo él ignominioso.

Aunque no faltarán quienes en Madrid quiten gravedad a lo acontecido, sobre la base de que Pedro Sánchez no hace más que "dar largas" a los separatistas que lo sostienen en la poltrona, el hecho cierto es que Aragonés se puede jactar, con razón, de "haber sentado al Estado a negociar", procurando naturalidad a que el Gobierno de la Nación muestre disposición a negociar lo que ningún otro Gobierno de nuestro entorno democrático pondría sobre ninguna mesa de diálogo: la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

Está visto, sin embargo, que para Sánchez no hay interés más sagrado que seguir en la poltrona, aun aupado por la canalla separatista.

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