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EDITORIAL

El Gobierno no busca negociar con la oposición sino someterla

Son un Gobierno pero lo que pretenden es transformarse en régimen, no precisamente democrático.

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El Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias no ofrece a los partidos ubicados a su derecha un proceso de negociación para los Presupuestos o para el decreto sobre la orwelliana nueva normalidad, sino que les exige una adhesión servil y humillante, como ha quedado de manifiesto este martes con las descalificaciones que su impresentable portavoz, María Jesús Montero, ha vomitado contra el PP en respuesta al ofrecimiento de Pablo Casado de respaldar dicho decreto si el Ejecutivo se aviene a negociar una serie de medidas jurídicas y económicas que el principal partido de la oposición viene proponiendo desde hace tiempo como alternativa al draconiano, empobrecedor y liberticida estado de alarma que acabamos de padecer.

Casado ha vuelto a dejar claro que si no hay diálogo o acuerdo con el PSOE no es por falta de voluntad de su partido, sino por el sectarismo y la ciega sumisión del PSOE a sus socios de Gobierno. El PP tiene que seguir dejando claro a los ciudadanos que su (tardía) oposición al estado de alarma y al confinamiento no era fruto del oportunismo ni se debía a que prefiera una vuelta a la normalidad previa a la irrupción de la pandemia, donde ninguna medida de prevención o precaución era necesaria; sino que más bien reclama un plan B de medidas legislativas y económicas que puedan hacer frente al riesgo cierto de rebrotes sin necesidad de volver al estado de alarma y a la completa paralización de la vida social y el tejido productivo.

Se da la circunstancia de que la necesidad de un plan alternativo como el que propone el PP se desprenden también de lo que se recoge en un reciente estudio internacional en el que se concluye que hay medidas mucho más eficaces que el confinamiento y la erradicación del trabajo presencial, como la proscripción de grandes eventos y aglomeraciones o incluso el cierre de las escuelas, medidas todas ellas susceptibles de ser decretadas sin necesidad de recurrir al estado de alarma.

En línea con lo que PP propone el PP, la nueva jefe de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS, la epidemióloga Maria van Kerkhove, ha afirmado que habría que "evitar los confinamientos masivos en el futuro" y centrarse más bien en "localizar y controlar los focos (...), trazar los contactos de los contagiados, determinar cuarentenas, hacer test y conocer quién y cómo se infectó".

Finalmente, no se puede pasar por alto el infame reproche que Montero ha dirigido al PP por, supuestamente, haber planteado una serie de condicionamientos a Bruselas sobre la financiación dirigida a España. El PP tiene no sólo el derecho sino el deber de no fiarse del Ejecutivo social-comunista y de pedir garantías a la hora de concertar créditos en Bruselas, no ya para dar garantías a los acreedores de España, sino en defensa del contribuyente español, en cuyo nombre se están acordando esos multimillonarios préstamos. Y es que cuando un Gobierno incurre en el deficit democrático que supone recurrir a la capacidad recaudatoria de legislaturas venideras, la oposición no es que pueda sino que debe plantear cuantas condiciones considere necesarias.

Pero, lo dicho, los social-comunistas sólo quieren ciega y muda adhesión a lo que han hecho, a lo que hacen y a lo que tienen pensado hacer. Porque son un Gobierno pero lo que pretenden es transformarse en régimen, no precisamente democrático. Y ahí Pablo Casado y cualquier político que se tenga por demócrata tiene no sólo que plantarse sino que oponerse con toda firmeza y contundencia.

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