Primer Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez y primera cesión ante el golpismo catalán. Si hasta ahora la Generalidad ha podido vanagloriarse de manejar a su antojo el dinero de todos los españoles para sus particulares fines políticos gracias al generoso reparto de fondos del FLA, ahora los nacionalistas ya ni siquiera tendrán que justificar sus desmanes presupuestarios, de modo que volverán a contar con barra libre para financiar su proyecto separatista.
Al nuevo Gobierno del PSOE le ha faltado tiempo para plegarse a una de las principales exigencias de Quim Torra y los suyos: levantar el control financiero sobre las cuentas de la Generalidad. En septiembre de 2017, poco antes de que se celebrara el referéndum ilegal del 1-O, el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se sacó de la la manga una nueva medida para evitar que la Generalidad destinara recursos a la organización de la citada consulta -pese a que llegaba muy tarde-. Para ello, en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y tras la reiterada vulneración de esta y otras normas que habían protagonizado los separatistas, el Ejecutivo de Rajoy decidió, finalmente, intervenir las cuentas catalanas por la puerta de atrás mediante la fijación de controles previos sobre todo el presupuesto autonómico.
Así, cualquier abono o disposición de fondos por parte de la Generalidad tendría que contar previamente con el visto bueno del Gobierno para que las entidades financieras pudieran ejecutar la orden. Lo que acaba de hacer el PSOE es levantar ese mecanismo reforzado de supervisión, con lo que Cataluña pasará a ser tratada como cualquier otra comunidad acogida al FLA, con lo que tan solo tendrá que justificar a posteriori el destino del dinero procedente exclusivamente del Estado, pudiendo manejar a su antojo el resto de recursos regionales.
El disparate de esta decisión no puede ser mayor. En primer lugar, porque la situación de Cataluña es excepcional y, por tanto, no es equivalente al del resto de autonomías. La Generalidad se declaró en rebeldía y sus antiguos dirigentes, unos presos y otros huidos, orquestaron un golpe contra la democracia y el orden constitucional cuya responsabilidad está siendo dirimida por la Justicia. Pero es que, además, sus sucesores en el cargo mantienen intacto su objetivo golpista. Otorgarles de nuevo carta blanca para financiar libremente un plan que atenta de forma directa contra la ley es de una deslealtad absoluta hacia el estado de derecho y el conjunto de los españoles.
Además, a diferencia de los argumentos esgrimidos por el PSOE para justificar esta nefasta decisión, el control previo sobre todas las cuentas de la Generalidad nada tiene que ver con el artículo 155 de la Constitución, ya que su puesta en marcha se aprobó antes. Y mucho menos es discriminatorio, como ha alegado este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Qué menos que intervenir las finanzas de quienes pretenden revertir el marco legal y la convivencia democrática de todos los españoles.
Sin embargo, lo más triste es que esta decisión poco o nada cambia con respecto a la situación existente hasta ahora bajo el mandato del PP. La pasividad y connivencia que demostró Rajoy durante el procés otorgó a los nacionalistas absoluta libertad para emplear el dinero de todos en la consecución de sus objetivos secesionistas con total impunidad. Los populares se negaron a actuar a pesar de que la ley les permitía intervenir las cuentas de la Generalidad, contentándose con meros anuncios y maniqueos controles que, a la vista está, no sirvieron de nada para frenar el 1-O y la posterior declaración de independencia. Ahora, el PSOE ya ni siquiera disimula y permite que Torra disponga de miles de millones de euros, sin ningún tipo de control efectivo, para continuar con la afrenta a España bajo el ilusorio y falaz deseo de que los separatistas cejarán en su empeño. Craso error, pues tan solo los fortalece.