España todavía no ha superado los graves efectos derivados del estallido de la burbuja crediticia en 2007, ya que, entre otros indicadores, la tasa de paro todavía ronda el 15%, muy por encima de la media de los países ricos, y, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ya está sembrando la semilla de la próxima crisis debido a su profunda irresponsabilidad fiscal y su errónea política económica.
La recuperación registrada en los últimos años, si bien ha sido positiva, se asienta sobre bases endebles, puesto que la economía nacional presenta importantes desequilibrios estructurales que deben ser corregidos cuanto antes para poder afrontar el futuro con garantías de solvencia y prosperidad. La elevada deuda pública, el escaso nivel de productividad, el reducido tamaño de las empresas, la rigidez laboral, la elevada presión fiscal, la ineficiencia del sector público o el amplio grado de intervencionismo político sitúan al país en una situación delicada en caso de que vuelvan a surgir turbulencias en el horizonte. De ahí, precisamente, la imperiosa necesidad de poner en marcha grandes reformas estructurales para poder corregir tales deficiencias. No en vano, la triste y preocupante realidad es que no se ha aprobado ninguna medida de calado desde 2013, cuando el anterior Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante la reforma de las pensiones, hoy ya derogada.
Y lo peor de todo es que, lejos de reactivar esa senda, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende justo lo contrario. Es decir, anular las escasas mejoras realizadas, como es el caso de la reforma laboral de 2012, y repetir, uno por uno, todos los enormes errores que cometió el PSOE en el pasado en materia económica. Esa y no otra es la advertencia que acaban de lanzar tres organismos internacionales de la talla de la Comisión Europea, la OCDE y el FMI sobre la deriva de la economía española.
La primera tiene que ver con el incumplimiento del objetivo de déficit acordado con Bruselas. El plan presupuestario de Sánchez elevará el agujero fiscal y, por tanto, la deuda pública, cuyo volumen roza el 100% del PIB, el nivel más alto del último siglo. Semejante endeudamiento deja la solvencia estatal en una posición extremadamente delicada frente a nuevas dificultades económicas.
La segunda señal de alerta radica en las previsiones de crecimiento. El ritmo de avance de la economía española se está frenando, razón por la cual es más urgente que nunca apostar por la austeridad pública y la liberalización del sector productivo. Si el crecimiento del PIB se estanca, la alta tasa de paro se prolongará en el tiempo hasta hacerse crónica. Aunque la tercera advertencia es, sin duda, la más importante de todas, ya que las citadas entidades, en mayor o menor medida, coinciden en que la política económica de Sánchez va en la dirección incorrecta.
La brusca subida del salario mínimo lastrará la creación de empleo, la revalorización de las pensiones con el IPC, junto a la derogación del factor de sostenibilidad, agravará la insostenibilidad financiera de la Seguridad Social y la obsesión del PSOE por derogar la reforma laboral amenaza con dinamitar la intensa generación de puestos de trabajo registrada en los últimos años. Si a todo ello se suma, además, el plan de Sánchez para inflar de nuevo la burbuja renovable, España está condenada a revivir el impacto de una nueva crisis, cuya lección o bien no han aprendido los socialistas o, lo que es aún peor, prefieren ignorar con el único fin de ganar votos.